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De los 103 bares, discotecas, karaokes  y licorerías  clausurados definitivamente en el Centro de La Paz, la mayoría -sino todos- sigue en funcionamiento. La Alcaldía, que aplica la medida a causa de reiteradas infracciones  de los locales, no se encarga de hacerla cumplir y delega esta responsabilidad a la Policía. La institución del orden, sin embargo, no recibe la denuncia de autoridades ediles. Pese a las normas vigentes, no hay coordinación entre instancias policiales y municipales.

En la calle Figueroa funcionaba la discoteca Planta Baja. Allí Carla Bellot y Jesús Cañisaire fueron a recibir el Año Nuevo, el 1 de enero, y no se supo de ellos sino 19 días después cuando sus cuerpos aparecieron  en un embovedado del río Orkojahuira.

En esa misma calle, cerca a la plaza Alonso de Mendoza, funcionaba en 2016 la discoteca Dúo. En febrero de ese año una pareja denunció haber sido dopada y ella secuestrada y violada. Poco después una joven dijo que ella también fue pildoreada, abusada sexualmente y raptada. El administrador, principal acusado, fue eximido de culpa por la justicia.

También en 2016, el propietario del club nocturno Katanas, Marco Cámara, fue denunciado por los delitos de trata y tráfico supuestamente perpetrados en ese night club. El local fue demolido y el proceso está en curso.

Tanto Dúo como Planta Baja y Katanas funcionaban sin licencia y habían sido clausurados definitivamente. A propósito del primer caso, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, declaró entonces:  “lamentablemente no se llega a un acuerdo con la Policía en los operativos para arrestar a los responsables de los locales que incumplen sanciones”.

Actualmente en la  calle Figueroa trabajan  pese a tener clausura definitiva  el bar restaurant El Galeón y su vecino El Nuevo Galeón o el club nocturno Las Conejitas. En la misma situación de ilegalidad funcionan decenas de locales en el Centro paceño, algunos muy populares como Doña Chela, Mongos o Pa’Goza (ver lista).

Clausura y control

El artículo 299 de la Constitución Política del Estado define  la seguridad ciudadana como una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. La Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece: Los municipios tienen la atribución de formular y ejecutar planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana (artículo 11). La Policía Boliviana debe apoyar a los municipios en el control de consumo de bebidas alcohólicas y otras tareas de seguridad ciudadana (artículo 26).

La recientemente promulgada Ley municipal 263 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas regula el funcionamiento discotecas, restaurantes, karaokes, night clubs, peñas, salones de eventos, licorerías, supermercados y tiendas de barrio. Establece  los requisitos que deben cumplir estos locales para obtener  licencia; entre ellos, expender bebidas no adulteradas, restringir el ingreso de menores de edad, tener cámaras de seguridad y cumplir horarios. 

De no cumplir estos requisitos, los locales multados  serán suspendidos por 10 días y si son reincidentes serán clausurados. “La secretaría municipal de Seguridad Ciudadana es la responsable de planificar, coordinar y supervisar las inspecciones de control a los establecimientos. La Policía  debe apoyar las gestiones del GAMLP en cuanto las inspecciones y en tareas relacionadas a la seguridad ciudadana”, explica Marco Ayala, director del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.///