Video

Roberto de la Cruz era dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, entidad clave en las jornadas que terminaron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia. A 14 años de esos luctuosos hechos, acusa al Gobierno porque los responsables no fueron extraditados de Estados Unidos.

El Gobierno acusa a la administración de Estados Unidos por la “protección” que brinda al expresidente Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, principales responsables -según el Ministerio Público- de la crisis del Gas que terminó con la muerte de 60 personas.

“La responsabilidad es del Gobierno que no ha demostrado voluntad política para que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sean extraditados”, declaró De la Cruz, al referirse a la “impunidad” que impera en el caso de “octubre negro”.

Precisó que las relaciones bilaterales son de Estado a Estado y de gobierno a gobierno, pero que el gobierno de Evo Morales no ha negociado ni ha demostrado la suficiente voluntad para acabar con la impunidad y que los responsables de esas jornadas sangrientas sean sancionados.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseguró que no es atribuible a las autoridades gubernamentales la “impunidad” sino al gobierno estadounidense.

“Seguro quedan temas que todavía no fueron concluidos o finalizados, incluso ni siquiera avanzado como el tema de impunidad, (pero) no es tanto la voluntad del Gobierno cuanto la poca voluntad de Estados Unidos para colaborar”, precisó Gonzales.

Manifestó que Estados Unidos conoce a quiénes protege en su territorio a título de refugiados o asilados, pese a que sobre estas personas existen graves acusaciones que se deben resolver en el ámbito de la administración de justicia.

El 2003, al menos 60 personas murieron y 400 resultaron heridas con lesiones gravísimas, graves y leves como consecuencia de la intervención militar en las movilizaciones que protagonizaron las organizaciones y la ciudadanía de El Alto. Hasta la fecha 15 personas fallecieron.

Lo que empezó como una protesta en contra de la exportación de gas por puertos chilenos, terminó exigiendo a la administración de Sánchez de Lozada referéndum sobre el gas y finalmente Asamblea Constituyente.

De la Cruz cree que esta “lucha está a punto de quedarse en nada”, porque los pilares fundamentales de la “agenda de octubre negro” no fueron cumplidos por el Gobierno.

Precisa que no el país no nacionalizó los recursos naturales y que las autoridades lo único que hicieron es una “renovación y renegociación de los contratos”, que la industrialización se quedó solo como una “intención”, que no se activó el aparato productivo y que en cuanto a la justicia no se dio la extradición de los responsables de “octubre negro”.

No obstante, el senador Gonzales dijo que gran parte de la agenda se cumplió, rescata la instalación de la Asamblea Constituyente (2006) y la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado.

Este martes fueron convocadas dos movilizaciones por la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, y otra por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Partirán de la Ceja de El Alto y terminarán en un acto en la plaza San Francisco, el objetivo es recordar los sangrientos hechos ocurridos en 2003: