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El traslado de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de La Paz a Sucre, tal como lo dispone la Ley de Hidrocarburos 3058, fue rechazado por el juez Juan Quiroga, quien declaró improcedente una acción de cumplimiento interpuesta por el diputado Horacio Poppe. Para el juez, ese marco legal fue abrogado en 2013 por la ley 466, lectura que fue calificada de "absurda" y "aberración jurídica" por distintos actores regionales, quienes reivindican a Sucre como sede de esa repartición, en medio de críticas a la Gobernación y los legisladores. Resta una respuesta definitiva del Tribunal Constitucional.

El juez Público en Materia Familiar de la Capital, Juan Quiroga, declaró improcedente la acción de cumplimiento alegando que el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos 3058 “quedó sin efecto” con la vigencia de la Ley 466 del 27 de diciembre de 2013, que tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado.

“La forma de regir la vida de la empresa pública YPFB fue regulada por otro cuerpo normativo que en la actualidad ha dejado sin efecto la ley 3058, lo que hace ver que dicha acción de cumplimiento debió presentarse antes del 27 de diciembre de 2013 Ley 466, ya que luego de esta fecha los efectos de la misma y los actos que emergían han quedado sin efecto”, señaló Quiroga en su resolución emitida el 26 de septiembre.

El diputado sostuvo que la Ley 466 no tiene nada que ver con el artículo 23 de la Ley 3058. Calificó de "absurdo" y "aberración jurídica" el dictamen del juez, de quien primero observó que se haya pronunciado sobre el fondo del recurso, sin antes convocar a una audiencia en presencia de las partes involucradas.

“Él se pronunció sobre el fondo diciendo que la Ley 3058 no se encuentra vigente y por tanto el artículo 23 no es aplicable”, remarcó.

Poppe observó que el juez le haya pedido acreditar su condición de legislador para presentar el recurso, cuando eso no es necesario.

“Una acción de cumplimiento la puede presentar cualquiera, no tenía por qué acreditarme como diputado”, explicó.

Poppe sostiene que para la acreditación se dio 72 horas, plazo en el cual el juez, según el diputado, habría realizado "consultas" al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

“Él (ministro) ha debido decir respóndanle con cualquier cosa que no vamos a ir ni a la audiencia. Son instrucciones que vienen del Ejecutivo y eso lo puedo firmar”, aseveró.

APELACIÓN

En la apelación, Poppe hace notar que el juez se pronunció indebidamente sobre el fondo del tema e incluso estableció que la Ley de Hidrocarburos no está vigente.

“Peor aberración jurídica que esa no puede haber. Ahora qué pasa, si el Tribunal Constitucional nos dice ‘está bien lo que ha dicho el juez’, no hay más donde pedir el traslado de la sede, se cerraron las puertas para siempre”, lamentó Poppe.

REDACTOR DE LA LEY

El ex senador nacional Fernando Rodríguez, quien redactó el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos en 2005, apuntó que señalar que esta norma no está vigente equivale a decir que la Constitución Política del Estado tampoco lo está.

“De repente ahora van a decir que una resolución suprema es más que la ley”, ironizó al señalar que YPFB incumplió la norma y eso se constituye en un delito penal que debe ser sancionado.

Agregó que si la Ley de Hidrocarburos no está vigente, ninguna de las demás gerencias de área de YPFB deberían estar en los demás departamentos productores y tampoco estar en vigencia el pago del 50% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Entonces qué está en vigencia, una partecita, la que le conviene a un señor que cobra alquileres en La Paz para tener la sede de la Gerencia de Redes y Ductos. Es impresionante”, sostuvo, muy indignado con la decisión del juez.

Bajo esta lógica también serían susceptibles de nulidad los contratos petroleros, la ley de incentivos a las transnacionales y otras leyes que fueron aprobadas sobre la base de la Ley 3058, la única vigente en la actualidad, apuntó.

Ayer, tras conocerse la noticia, algunos detractores criticaron al diputado Poppe acusándolo de ocultar esta información sobre el fallo emitido el 26 de septiembre. El aludido respondió que el pasado 30 de septiembre hizo conocer a varios periodistas, que sin embargo no le habrían dado el interés necesario al tema.

“Esa información que dicen que ocultamos, es pública. Presentamos el recurso públicamente y lo peleamos públicamente. Y el resultado será público. Aquellos perros del hortelano, se quedarían con la boca cerrada si saliera favorable, pero si no es así, van a ladrar sin haber hecho nada. Nosotros hemos llegado siempre hasta el final en nuestras tareas. Y si esto no sale bien, es porque el Gobierno a través de sus títeres de la justicia deciden seguir pisoteando a Sucre”, debatió.

Hasta ahora la única respuesta que dio el Ministerio de Hidrocarburos sobre este reclamo tiene que ver con una petición de informe, en el que respondió que la Gerencia Nacional de Redes y Ductos ya no existe, por lo que el pedido de Chuquisaca no tiene sentido.

El artículo 23º (Sede) de la Ley de Hidrocarburos establece que la Gerencia de Ductos y Redes de Gas tendrá como Sede a la ciudad de Sucre y de ella dependerá toda la infraestructura de Transporte; Hidrocarburos, Productos y Proyectos de Redes de Gas Natural.

También establece que las empresas petroleras que operan en el país deberán establecer oficinas en las sedes mencionadas y en los departamentos en los que operan.

Cívicos y COD responsabilizan a la Gobernación y a parlamentarios

La sentencia de primera instancia que impide el traslado de la Gerencia de Redes y Ductos a Sucre, es resultado de la irresponsabilidad de los parlamentarios y la Gobernación, que desde 2005 no pueden hacer cumplir la Ley de Hidrocarburos en cuanto a la sede de esta dependencia nacional de YPFB, coincidieron cívicos y la COD.

La vicepresidenta del Comité Cívico, Lily Fernández, calificó como un nuevo "revés" la decisión del juez y exigió rendición de cuentas a los parlamentarios y la Gobernación sobre sus actuaciones para hacer cumplir la ley.

"Es un baldazo de agua fría, nuevamente se hacen la burla de Chuquisaca a vista y paciencia de las autoridades que no dicen ni hacen nada para defender a la región", criticó.

Anunció que hoy por la tarde se reunirá el Comité Cívico para asumir una posición y determinar las medidas que el caso aconseje.

Desde la Central Obrera Departamental (COD), su secretario Ejecutivo, Wálter Villavicencio, cree que el “silencio” de la Gobernación sobre este tema hace pensar que detrás de esto hay una “mano negra” para favorecer a otras regiones.

Añadió que coordinará las acciones necesarias con el Comité Cívico.

En la misma línea, el portavoz de la Comisión Jurídica de Defensa del Campo Incahuasi, Germán Gutiérrez, dijo que la demanda tiene que ser permanente y reiterada hasta conseguir el traslado de la Gerencia.

“Se deben utilizar todos los medios democráticos para que esta reivindicación se la materialice a la brevedad posible. Debemos reconocer, además, que se está ante un comportamiento autoritario de parte del Gobierno, que teniendo una ley concreta y específica, con un compromiso del Vicepresidente de Bolivia, incumple la ley”, sostuvo.

Mencionó también la existencia de problemas de orden interno en el Departamento, donde el gobernador Esteban Urquizu no asume su rol de portavoz de los reclamos de los chuquisaqueños.

“El Gobernador de un tiempo a esta parte ha quedado mudo y por el contrario todas las acciones que implementa debilita más a Chuquisaca; por ejemplo, en las reivindicaciones del campo Incahuasi no dice absolutamente nada, no genera acciones de carácter legal y que deberían ser absolutamente normales en un régimen democrático”, remarcó.