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El Ministerio de Asuntos Exteriores español destituyó con fecha oficial el 1 de marzo al cónsul de España en Santa Cruz de la Sierra, Juan Ignacio Álvarez-Gortari, por “pérdida de confianza” y “mala gestión” ante la trama de tráfico de visados descubierta en ese consulado y que ha supuesto la detención de seis personas, alrededor de un centenar de estafados y un fraude de $us 150.000. 

Álvarez-Gortari aseguró anoche que el no tiene nada que ver con las corruptelas, que existen desde que se creó el consulado en 2008 y fueron denunciadas con anterioridad, y que a raíz de esto, el prefirió dimitir  días antes de su supuesto cese de funciones.

Existe una investigación abierta por la Fiscalía boliviana y otra del propio ministerio. Al cónsul no se le achaca su participación en la trama, sino no haber seguido las órdenes e instrucciones de la directora de Asuntos Consulares cuando se destapó el escándalo.

El ministerio asegura que actuó con rapidez en cuanto la justicia boliviana le comunicó las detenciones (dos de los detenidos son bolivianos empleados en el consulado) y en cuanto se constató “la amplitud del problema”. 

Según esa versión, la directora de Asuntos Consulares reclamó al cónsul Álvarez-Gortari, con casi 40 años de carrera diplomática, una serie de actuaciones que este no ejecutó, según la subsecretaria de Exteriores, Beatriz Larrotcha.

El cónsul cesado rechaza esa versión y culpa a sus superiores de no hacerle caso con las medidas que propuso cuando comprobó la gravedad de la situación. Sostiene que promover su cese, adelantado ayer por la web The Diplocat y en vigor desde el 1 de marzo, “sin haber hecho antes una inspección”, le parece arbitrario y no la forma adecuada de actuar. 

Esta operación policial por la venta ilegal de visados y pasaportes se ejecutó el 18 de enero. La Policía detuvo entonces a seis personas, luego liberó a tres.

Continúan retenidos los dos empleados y la prima del considerado cerebro de la trama, Jesica Moreira. Las primeras investigaciones de la Fiscalía boliviana cuantificaron el número de estafados en 119 personas, aunque luego se comprobó que 75 nunca habían pisado el consulado.

Los visados ilegales se tramitaban en una serie de agencias de viajes de Bolivia que prometían la consecución de los papeles con la compra de los billetes a España y a cambio de dinero. La estafa se estima en al menos 150.000 dólares, pero podría ser mayor. 

Los interesados en los visados ilegales pagaban el soborno a la prima del cerebro de la trama, Alexis Chávez, que trabajó en 2015 en ese consulado, y luego le daba el dinero a los dos empleados bolivianos detenidos.///