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Las comunidades guaraníes de Tatarenda Nuevo y Yumao interpusieron ayer una acción popular en contra de la ejecución del proyecto hidroeléctrico Rositas que impulsa la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (Ende) a 16 kilómetros de la población de Abapó, en Santa Cruz.

El abogado que representa a ambas comunidades, Nelson Lamadrid, manifestó que con este recurso legal se espera que se paralice el proyecto para que el Estado cumpla con el artículo 30, numeral 15, de la Constitución Política del Estado (CPE) que hace referencia a la consulta previa, libre e informada.

El proyecto hidroeléctrico inundará completamente a ambas comunidades indígenas y supone el traslado de más de 220 familias, según los afectados. A través del área de Comunicación, Ende indicó que no se pronunciará hasta conocer el documento completo de la denuncia.

Lamadrid explicó que la Justicia tiene 48 horas para citar a una audiencia. “Tendría que notificarse a Ende. Nosotros hemos demandado acá en Cochabamba porque la norma indica que en el lugar donde los derechos son vulnerados tiene que generarse la acción”, indicó al precisar que la vulneración a los derechos de los indígenas nació en la sede central de Ende.

Los comunarios indígenas que llegaron desde Santa Cruz junto a su abogado interpusieron la acción popular en el Juzgado Público de Familia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba. Previo al acto, hubo un pequeño incidente porque en plataforma no quisieron recibir la denuncia por errores de formato.

El abogado tuvo que dirigirse hasta las oficinas de Presidencia del TDJ para efectuar la denuncia, aunque minutos después fue derivado nuevamente a plataforma.

Según la delegada de la comunidad Tatarenda Nuevo, Ena Taborga, los pueblos indígenas no fueron consultados para que se ejecute el proyecto hidroeléctrico. “No hubo consulta previa en ningún momento, pero ellos están avanzando. Nosotros no conocemos ninguna información”, manifestó.

El principal argumento de los pobladores para rechazar el proyecto es que dejará bajo el agua a 12 comunidades al inundar 45 mil hectáreas aproximadamente en las provincias de Cordillera y Vallegrande. El Gobierno prevé implementar el proyecto para generar 600 megavatios (MW) de energía.

El comunario de Burubiche Braulio Álvarez indicó que el proyecto afectará sus cultivos de hortalizas y la crianza de animales de corral, que son las principales actividades económicas de la zona.///