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Un Tribunal de Garantías admitió la acción popular de indígenas de Santa Cruz y resolvió que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) suspenda toda actividad administrativa o jurídica en el marco de la construcción de la hidroeléctrica Rositas, hasta que se lleve adelante la audiencia que defina el tema.

La pasada semana, dos comunidades indígenas guaraníes (Tatarenda Nuevo y Yumao) interpusieron una acción popular en contra de la construcción de la megaobra Rositas en el departamento de Santa Cruz.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, de un costo de mil millones de dólares, que inundaría unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Unas 500 familias de esas comunidades indígenas deberían dejar sus viviendas y salir de esa zona, pero han anunciado que no lo harán.

La disposición del tribunal establece que mientras se realice la audiencia que resolverá el fondo de la acción popular “como medida cautelar en aplicación del artículo 34 del CPC (Ley 254) se dispone que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se abstenga de realizar cualquier actuación jurídica y/o administrativa sobre los hechos de la presente gestión”.///