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El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, denunció que la Alcaldía de Cochabamba anuló la primera licitación de las mochilas escolares de 2017 para presuntamente adecuar las especificaciones a las de los bolsos escolares que ya había comprado la empresa antes de que se lance la licitación.

La autoridad anunció que se presentará una nueva querella penal ante el Ministerio Público contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por la adquisición de las mochilas chinas correspondientes a la gestión 2017, debido a que hallaron indicios de corrupción e irregularidades en el proceso de adjudicación. “Se aplicó un mismo modus operandi en el proceso de contratación de 2018”.

Por la adquisición de mochilas en 2018, se sigue un proceso por supuestas irregularidades debido a un supuesto sobreprecio y favoritismo para la Asociación Accidental 26 de Febrero, sociedad que habría comprado las mochilas antes de que se lance la licitación (28 de noviembre de 2017). Además el material llegó con logotipos municipales antes de que se firme el contrato.

El Viceministro expuso una factura para evidenciar que las mochilas se fabricaron con los logos, las dimensiones, tamaño y colores antes de la licitación.

Dijo que ese documento es de una empresa china que dotó el material en 2017 y que tiene como socios a los mismos proveedores del 2018.

La factura de MSPC SRL del 20 de noviembre de 2016, entregada por Shanghai Aomin Industrial Co. Ltda. de China, detalla las especificaciones, costos de las mochilas y útiles escolares. “Obviamente, ya se encontraban en un momento de pago e ingresan su tramitación a la Aduana Nacional para ser importadas al Estado boliviano”.

El 23 de noviembre de 2016 se lanzó la convocatoria de licitación pública, “tres días después de que las mochilas ya se habían comprado”.

Sin embargo, el 21 de diciembre, el municipio determinó anular la licitación debido a que “habían olvidado” en las características la incorporación de “un bolsillo para computadora”. Un día después, lanzaron una segunda convocatoria con un nuevo Documento Base de Contratación (DBC).

“Ajustaron el proceso. Eliminaron una licitación pública para sacar una segunda que se adecúe a las mochilas que ellos ya tenían. Hicieron la compra un mes antes de que ingresaran al país”.

El 18 de enero de 2017, la Asociación Accidental El Norte, de la que es propietaria María René Ramírez Ramírez y la empresa MSPC SRL que tiene como representante legal a René Juan de Dios Morales Espinoza, se adjudicaron la dotación. El 31 de enero del año pasado, firmaron el contrato con la Alcaldía.

“La adjudicación se da en menos de 30 días. Nadie puede fabricar una gran cantidad de mochilas en 20 días”.

En 2017, la Asociación Accidental El Norte entregó 91.300 mochilas por un monto de 12.611.850 bolivianos. “Hay un sobreprecio del 500 por ciento ”.

Aclaró que durante las gestiones 2016 y 2017, el proceso de licitación y contratación concluyó.

“Tenemos el contrato de adjudicación y el acta de entrega de las mochilas”.

Es decir que la Alcaldía efectuó el pago. La situación sería distinta en ese sentido este año, ya que el alcalde Leyes informó el 21 de abril que el contrato de 2018 fue anulado y, además, dijo en días anteriores que “no se pagó ni un boliviano por las mochilas”.

Juan de Dios Morales Espinoza es la misma persona que hizo la importación de mochilas para estudiantes de Cochabamba para este año y quien firmó el contrato para la dotación del mismo material el año pasado, según los detalles del contrato suscrito con la Alcaldía en 2017 y el padrón de contribuyentes expuesto en 2018.

Además, María René Ramírez Ramírez, su socia, figuró como la propietaria de la empresa a cargo de las mochilas en 2017.

La denuncia puede ampliarse contra los responsables del proceso de contratación de ese entonces.

“Algunos son los mismos que de este año”.

Jiménez señaló que la denuncia contempla cinco delitos: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con la función pública.///