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Seis familiares del alcalde Jose María Leyes están siendo investigados por presunta legitimación de ganancias ilícitas después de que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) remitiera un informe complementario. Una de las hermanas de la autoridad suspendida fue imputada formalmente por el caso, además de dos empresarios, informó el fiscal asignado al proceso de investigación, Ricardo Arellano.

Por el caso, existen al menos 12 investigados más, en dos etapas. El alcalde José María Leyes, quien es procesado por la compra de mochilas escolares, es el principal investigado por los supuestos indicios de irregularidades por la presunta legitimación de ganancias ilícitas, de acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que salió en agosto de 2018.

Los mismos indicios apuntan también a una de las hermanas del Alcalde, el importador Juan de Dios Morales, la importadora María René Ramírez y los exsecretarios José Miguel Padilla y Diego Moreno.

Con el documento complementario de la UIF que salió en mayo de este año, la Fiscalía determinó ampliar la investigación a la esposa del Alcalde y cinco familiares más (políticos y consanguíneos).

Arellano explicó que el caso se abrió de oficio tras identificar irregularidades en la compra de mochilas y útiles escolares para las gestiones 2016, 2017 y 2018. Señaló que advirtieron movimientos financieros “sospechosos” entre los presuntos implicados.

Se conoce que entre los imputados está el Alcalde, una de sus hermanas, José Miguel Padilla y al menos dos empresarios. “Esa situación supone la posible aplicación de medidas cautelares ante la autoridad jurisdiccional”.

En tanto, los recientemente investigados son únicamente familiares y algunos fueron convocados a prestar su declaración informativa, informó Arellano. “Están vinculados a los pagos irregulares que se hicieron en en la compra de mochilas. Son del núcleo familiar del Alcalde”.

Se conoció que durante las investigaciones habrían surgido sospechas de irregularidades en la compra de vehículos, propiedades, pólizas y viajes al exterior.

Según la UIF, el delito de legitimación de ganancias ilícitas consiste en “dar apariencia de legalidad a recursos generados por actividades ilícitas”, en este caso, relacionadas a actos de corrupción. Busca “disfrazar” el origen y trayectoria de las ganancias ilícitas. Este delito tiene una sanción de 4 a 8 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal.

Humberto Trigo, abogado del Alcalde, señaló que no fueron notificados formalmente con la imputación formal por el caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas y añadió que aún no accedieron al informe complementario de la UIF que involucraría a cercanos de Leyes.