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El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó la ampliación de denuncia contra el empresario vinculado a centros comerciales en Cochabamba por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Lo asocian con las supuestas ilegalidades en la compra de mochilas y útiles escolares para 2017, proceso que se denominó Mochilas II.

También identificaron al menos siete fechas clave que suponen la participación del acusado como “empresario” y no solo como “prestamista” en la venta de mochilas a la Alcaldía de Cochabamba.

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Ernesto Jiménez, y el jefe departamental de la institución en Cochabamba, Ever Richard Veizaga presentaron la acusación ante la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, el 10 de julio. “Los elementos de convicción recabados nos llevan a la conclusión de que el denunciado habría participado en el proceso en calidad de empresario. Entonces, es una persona que es motivo de investigación”, dijo Veizaga.

Acotó que de acuerdo al proceso de investigación se conoce que el empresario prestamista pactó el trato con la empresa en China para la confección de las 91.300 mochilas, además de poner los útiles en Chile e invertir los recursos para la compra.

La denuncia presume que el proceso de contratación fue un “acto simulado” debido a que Juan de Dios Morales, el empresario que se adjudicó a la dotación de materiales y el prestamista relacionado con centros comerciales habrían realizado acuerdos y transacciones bancarias con anterioridad. Según la Resolución Administrativa 18/2016-02, la adjudicación es del 18 de enero de 2017. Sin embargo, para esa fecha las mochilas ya habían sido embarcadas, transportadas y desaduanizadas, es decir, estaban en territorio nacional con todas las especificaciones solicitadas.

La identidad de este inversionista asociado a centros comerciales se conoció en septiembre de 2018, cuando concluyó el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el que se hallaron indicios de legitimación de ganancias ilícitas en ocho personas, entre ellas el alcalde José María Leyes y los proveedores de las mochilas. En tanto, un informe ampliatoria de la UIF de mayo de 2019, detectó transacciones bancarias “sospechosas” entre el prestamista y familiares del Alcalde. Realizó 32 depósitos a la cuenta de un pariente político de Leyes.

El 4 de diciembre de 2018, José Miguel Padilla, exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, declaró que conocía al prestamista vinculado a centros comerciales puesto que fue su compañero de la universidad. Dijo que su excompañero le dio a conocer su interés por el proyecto de las mochilas y que tenía la capacidad para realizar la compra, pero que necesitaba que alguien se ocupe de la nacionalización y presentación de la propuesta de contratación. Sucedió entre mayo y junio de 2016.

Sin embargo, el prestamista negó conocer a Padilla. “Lo conocemos porque es funcionario público y por lo que está saliendo (en los medios de comunicación). Pero, yo no tengo relación jurídica con él ni nada”, señaló en diciembre de 2018.

Señaló que le prestó dinero al proveedor Morales e indicó que este empresario lo buscó varias veces en 2016 para pedirle dinero con amplias posibilidades de ganar la licitación para la dotación de mochilas, debido a que otras personas no podrían cubrir la cantidad de los materiales solicitados. Finalmente, aceptó invertir.

Padilla, en su declaración, señaló que René Juan de Dios Morales, el otro empresario, le llamó para conocer del proyecto de las mochilas. Le hizo conocer que existía un empresario que tenía la intención y la capacidad de producir las mochilas y ponerlas en Chile, pero eso le costaría 7 millones de bolivianos y que el saldo debía disponer para costos de operación.

El proveedor conoció antes a Padilla, puesto que trabajaron en la Aduana.

La denuncia del Ministerio de Transparencia halló al menos siete “fechas clave” que suponen que el denunciado fue parte del proyecto de las mochilas como empresario “activo”.

1. 27 de octubre de 2016. El inversionista suscribió un documento privado con René Juan de Dios Morales por el préstamo de 600 mil dólares.

2. 28 de octubre de 2016. El prestamista realizó una transferencia internacional por la compra de mochilas a favor de Shangai Aomin Industrial CO. LTD por 170 mil dólares.

3. 17 de noviembre de 2016. Realizó otra transferencia internacional a la misma empresa por 200.000 dólares.

4. 29 de noviembre de 2016. Efectuó otra transferencia a la misma empresa por 121.800 dólares.

5. 4 de abril de 2017. Morales depositó 7.4 millones de bolivianos en la cuenta del inversionista. Indicó como destino “devolución de capital y utilidad del proyecto”.

Ese mismo día, el prestamista realizó dos operaciones. Una transferencia internacional por pago al proveedor de mochilas por 10.000 dólares. También mandó 50.000 dólares a un chino por los servicios de intermediación.

6. 10 de abril de 2017. El inversionista compró de una entidad bancaria 70 mil dólares e indicó que el origen del dinero era por la “venta de mochilas escolares al por mayor”.

7. 13 de abril de 2017. El administrador de un centro comercial realizó un depósito de 71 mil dólares a un familiar político del Alcalde y señaló que la transacción era por la “devolución de un préstamo”, pero el informe complementario de la UIF constata que no existen salidas de efectivo de esa cuenta que pudiese coincidir con el supuesto préstamo.