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Los empresarios de las mochilas 2018 perdieron una casa porque la Alcaldía ejecutó su boleta de garantía tras resolver el contrato de 12,4 millones de bolivianos, deben un millón por las agendas y enfrentan procesos por las deudas que adquirieron para financiar gran parte de su compra en China, informó el nuevo abogado que los defiende, Mijaíl Rocha.

Aunque desde hace un año intentan cobrarle a la Alcaldía de Cochabamba los 12 millones de bolivianos de las mochilas, no han tenido éxito. La sospecha de que puede ser un contrato dirigido, un sobreprecio y una investigación en marcha contra el alcalde electo José María Leyes y otros  han complicado el pago.

La defensa afirma que reclaman el pago porque tienen 370 actas de entrega de las mochilas en las unidades educativas, lo que supliría la falta de actas de ingreso a almacenes del municipio.  

El alcalde Iván Tellería, el segundo que surgió de la crisis tras la detención de Leyes por Mochilas I, aseguró ayer que sólo pagará la deuda si tiene una orden judicial. “Esta decisión se tomó, debido a que el caso  se encuentra en la vía judicial”, agregó.

Los empresarios de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Juan de Dios Morales y María René Ramírez,  enfrentan deudas con proveedores.

De acuerdo con su abogado la ejecución de la boleta por 873 mil bolivianos fue ilegal, porque el contrato se resolvió por causa fortuita y no es responsabilidad de una de las partes. En  este caso, la causal es “por fuerza mayor”.

Rocha explicó que la resolución de un contrato se hizo de manera unilateral. En ningún momento la empresa respondió a esta decisión.

El contrato LP Nº04/2018 indica que una vez resuelto el contrato se suspende la provisión del producto. Luego, “se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición”.

Este aspecto no se cumplió, por lo cual, se inició un proceso contencioso. El abogado indicó que por el momento el proceso está detenido,  ya que el juez se declaró incompetente.

Ahora pidieron informes a la Alcaldía para reactivarlo. Sin embargo, otro impedimento es que no se cambió al representante, Néstor García Maygua, a través de una junta de directorio, por lo que, los empresarios no pueden pedir el pago, explicaron fuentes cercanas al caso.

El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, explicó antes “está comprometida la fe del Estado”.

En tanto, la defensa del alcalde electo José María Leyes dijo que al dejarse sin efecto el pago de las mochilas, no existe el delito de daño económico.  

El municipio firmó el contrato con la Asociación Accidental 26 de Febrero el 26 de enero de 2018. En tanto, la concejala Rocío Molina denunció filtración de información privilegiada y que la empresa adquirió las mochilas meses antes de publicarse la licitación.

El 13 de abril, Leyes informó la resolución del contrato hasta que las investigaciones esclarezcan lo ocurrido.