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Después de cuatro horas y media de audiencia de medidas cautelares, el juez asigando al caso determinó enviar al penal de San Sebastián varones a Néstor García Maygua, representante legal de la Asociación 26 de Febrero, acusado por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y su participación en contratos lesivos al Estado por el caso de la adquisición de mochilas con sobreprecio. 

García Maygua fue incluido en la investigación porque en enero de 2018 estampó su firma junto a la del alcalde José María Leyes y la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, para que la Asociación 26 de Febrero se adjudique un contrato de 12,4 millones de bolivianos para la provisión de 91 mil mochilas con material escolar.

El juez del control jurisdiccional, explicó que el Ministerio Público cumplió con presentar la carga probatoria y argumentativa para establecer que García es, con probabilidad, responsable de la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

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El abogado del imputado, Fernando Santivañez, explicó que la resolución judicial tomó en cuenta, además, que su cliente fue aprehendido unos días después de que no se presentó a declarar por el caso a convocatoria del Ministerio Público.

"No hemos podido, además, demostrar domicilio porque la persona que tiene el anticrético se sintió amedrentada por la presencia de la Policía y no ha querido comparecer por lo menos para ser testigo. Lo propio ha pasado con el trabajo, pretenden que una persona de 61 años tenga las mismas condiciones del alcalde de Cochabamba, José María Leyes", dijo.

El jurista manifestó que presentará una apelación para la reversión de la determinación judicial y la demostración de la inocencia de García en el caso, porque a su criterio fue "utilizado" y engañado por su amigo y dueño de la compañía MSPC SRL que vive en Santa Cruz, René Juan de Dios Morales Espinoza, que es parte de la empresa accidental "26 de Febrero", para hacerse pasar en Cochabamba como apoderado en la venta cuestionada.

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue la primera persona detenida por el caso desde el 21 de abril del presente año. 

El 3 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental "26 de Febrero", que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.///