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Tras la ratificación de la detención domiciliaria, arraigo, fianza de 200 mil bolivianos, prohibición de acudir a la Alcaldía y hablar con funcionarios por la presunta comisión de cinco delitos, la defensa del alcalde José María Leyes solicitará hoy que se modifique la prohibición de acudir a la Alcaldía para que el burgomaestre pueda volver a asumir sus funciones.

El abogado de Leyes, Humberto Trigo, explicó que esto es factible debido a que  el viernes la Sala Penal Tercera levantó los riesgos procesales. En esa fecha, el tribunal determinó que la autoridad edil no presenta peligro de fuga, porque todos sus viajes los hizo antes de la denuncia. Sin embargo, no levantó las medidas.

“Es una petición normal de modificación cuando las circunstancias han cambiado, en este caso hay un fallo de la corte superior. Es un procedimiento normal que se da cuando sucede el levantamiento de los riesgos procesales, se levantó el viernes”, dijo Trigo.

Explicó que la solicitud es posible, tal como sucede en el caso del alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, que fue sentenciado en febrero a tres años y seis meses de cárcel por el supuesto delito de falsificación de su libreta militar.

Trigo cree que su cliente puede hacer lo mismo, ejercer su derecho al trabajo con algunas restricciones, como acercarse a las oficinas de Desarrollo Humano. En cambio, el arraigo y la fianza de 200 mil bolivianos se mantienen. “De hecho ya se ha pagado la fianza”, dijo.

La solicitud de modificación será presentada por la defensa de Leyes hoy a las 17:00. Esto se debe a que todavía no les entregaron el acta.

“Nosotros vamos a hacer el pedido, pero no nos han entregado el acta de la audiencia, con ello recién se puede introducir la solicitud. Estaremos haciendo el pedido desde de las 17:00. La petición debe responderse en 24 horas, por lo que el miércoles ya se conocería si fue aceptada o rechazada”, explicó el abogado.

El fiscal asignado al caso, Erick Aparicio, indicó ayer en audiencia que todos los implicados en el caso deben ser detenidos preventivamente debido a que pueden obstaculizar la investigación, como pasó con la resolución de contrato con la empresa 26 de Febrero,  que fue  sorpresiva. Indicó que se resolvió el convenio por motivos de fuerza mayor lo cual no corresponde, porque la razón es indicios de corrupción.

Cuando se ratificó la detención domiciliaria, con restricción de acercarse a la Alcaldía, el Concejo Municipal eligió a la concejala Karen Suárez como alcaldesa interina.

La nueva Alcaldesa indicó que  en su gestión priorizará las obras que deben entregarse para los Juegos Suramericanos 2018.///