Niegan apelación a la detención preventiva del alcalde Bazán
La audiencia de apelación se inició a las 09h30 y se prolongó casi hasta las 17h00, ante el Tribunal de Alzada, que estuvo constituido por los abogado Franz Mendoza, presidente de Sala Penal Tercera, y José Romero Solís, vocal de la Sala Penal Segunda.
El juez del Tribunal de Alzada, Franz Mendoza, ratificó el miércoles la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el alcalde de Oruro, Edgar Bazán, dentro el proceso judicial por la compra irregular de mochilas escolares de la gestión 2016.
"El Tribunal de Alzada ha declarado improcedente el recurso de apelación interpuesto por el alcalde, Edgar Bazán, y en consecuencia ha ratificado la resolución recurrida que ha dispuesto la detención preventiva en la cárcel pública", dijo tras la audiencia que duro cerca de ocho horas.
La audiencia de apelación se inició a las 09h30 y se prolongó casi hasta las 17h00, ante el Tribunal de Alzada, que estuvo constituido por los abogado Franz Mendoza, presidente de Sala Penal Tercera, y José Romero Solís, vocal de la Sala Penal Segunda.
Mendoza explicó que en el expediente o antecedentes que se remitió sobre ese caso, no pasa de cinco hojas y no están plasmados todos los argumentos expuestos en la audiencia de medidas cautelares, razón por la cual tuvo que desarrollarse en la audiencia, con la exposición de todos los sujetos procesales como el Ministerio Publico, Viceministerio de Transparencia, Concejo Municipal y la Procuraduría General del Estado.
Por su parte, el abogado del burgomaestre, Oscar Ayala, anunció que planteará un recurso de acción de libertad o un amparo constitucional, porque considera que se han vulnerado los derechos constitucionales de su defendido.
Ese proceso judicial fue iniciado en septiembre de 2017, por el ciudadano Severo Torres, al que este año se sumaron tres concejales.
Según las investigaciones, en 2016 uno de los proveedores, Marco Murillo, entregó 40.180 mochilas de procedencia china, con un valor de 3,3 millones de bolivianos, cuando debieron ser de fabricación nacional y se presume un daño económico de más de 2 millones de bolivianos.
La Fiscalía imputó a Bazán por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.///
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