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Los empresarios que importaron las mochilas escolares para la Alcaldía de Cochabamba en la gestión 2018 admitieron, durante su audiencia de medidas cautelares que cotizaron las mochilas con empresas en China entre mayo y junio de 2017, tres meses antes de que el municipio difunta la licitación en el Sicoes.

El imputado explicó que su esposa fue a China para realizar otro negocio de bisutería y él, por las mochilas.

“Hice la cotización antes con proveedores chinos, viajé con mi esposa a China en julio, que fue cuando elegí una empresa, llevé un prototipo de mochila de aquí para que los chinos no me estafen, en agosto se firmó el convenio con la empresa y definimos el tiempo de fabricación”, declaró en plena audiencia de medidas cautelares Juan de Dios Morales Espinoza.

Agregó: “El 18 de noviembre me enteré de las características que debían tener las mochilas y en diciembre hicimos el embarque de la mercancía”. Ante este argumento, el representante de la Fiscalía, Gonzalo Aparicio, refirió que recién en enero de 2018 el municipio publicó el nombre de la empresa ganadora para la adjudicación de mochilas escolares.

“Si el plazo para la entrega de las mochilas es corto, ¿cómo habría podido cumplir con el contrato? Por eso me adelanté a los hechos”, siguió explicando a la juez anticorrupción Sara Céspedes.

Morales dijo que las mochilas no fueron ingresadas a los almacenes de la Alcaldía, ya que alquiló dos galpones desde donde se repartieron las mochilas a las diferentes unidades educativas para facilitar la entrega. “Existen 371 actas de entrega a colegios”, sostuvo.

Mientras tanto, el abogado defensor, Henry Pinto, dijo que Cristian Siles (parte de la unidad solicitante) envió la especificación y detalles con dos cartas enviadas por la Alcaldía de Cercado, pidiendo a su defendido un precio referencial.

“Mi cliente, previendo que podía adjudicarse el proceso, hace el depósito y solicita se realicen las mochilas, pero tenía un modelo genérico que podía ser cambiado en lo posterior”, refirió el defensor.

El representante del Ministerio Público, Gonzalo Aparicio, cuestionó el “riesgo” asumido por la empresa accidental 26 de Febrero para la adquisición de 92 mil mochilas y materiales escolares.

“Es extraño que una empresa se arriesgue a invertir 8 millones de bolivianos en un negocio ‘incierto’”, dijo.

La parte acusatoria observó el Número de Identifican Tributaria (NIT) de la empresa MSPC, que tiene como actividad la venta de maquinaria y equipos materiales, rubros incompatibles con materiales escolares y mochilas

El representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, argumentó que todo el proceso de adquisición de mochilas escolares fue “preparado”.

“Cómo pudieron identificar a estos empresarios, cómo es que el municipio sabía que se dedicaban a la importación de mochilas si el rubro es contrario”, cuestionó.

Veizaga manifestó que el capital social del empresario es de 240 millones de bolivianos. “Sin embargo, invierte como capital más de 8 millones, 35 veces más del capital que tienen”, dijo.

Detención domiciliaria

La juez anticorrupción, Sara Céspedes, luego de más de una hora de argumentación decidió dar detención domiciliaria a la pareja de empresarios Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez, desvirtuando los riesgos procesales de fuga y obstaculización, fundamentados por la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría.

“Los imputados quedan en libertad, es decir las medidas sustitutivas, detención domiciliaria en Santa Cruz con custodio policial, arraigo fianza 100 mil bolivianos cada uno. Se prohíbe tener contacto con los involucrados”, dijo.

Defensa pide pruebas

El abogado de los empresarios de MSPC y Mane Comp, Juan de Dios Morales y María René Ramírez, exhorta al Ministerio Público presentar extracto de llamadas y correos que identifiquen que hubo tráfico de influencias.

“Mi defendido conocía a José Miguel Padilla desde hace muchos años, pero no hubo manipulación alguna en este proceso de contratación”, dijo.

En un informe del 8 de mayo de 2018, el investigador Elvis Pinto refirió que, al tomar contacto con el abogado de los imputados, éste manifestó que sus defendidos radican en Cochabamba.

“Ahora en audiencia dicen que radican en Santa Cruz, sin embargo, en contacto con el investigador, el abogado refiere desconocer el domicilio real”, dijo Gonzalo Aparicio.///