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Tras más de dos horas de la audiencia de medidas cautelares del exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, José Miguel P., implicado en el caso Mochilas I, la jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra, decidió darle detención domiciliaria con custodia policial, arraigo y tres garantes personales. Además, decidió declarar en reserva las actuaciones del caso durante 10 días. Sin embargo, el viernes observó la petición argumentando falta de fundamento.

José Miguel P. es acusado por el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

El exfuncionario volvió de Estados Unidos el 28 de junio y se entregó a la justicia, luego de ser buscado tres meses, desde que viajó el 6 de abril.

Según fuentes cercanas al caso, al inicio de la audiencia de medidas cautelares, el representante del Ministerio Público, Erick Aparicio, solicitó la reserva del caso Mochila I durante 10 días con el fin de garantizar la protección física de personas que tienen conocimiento del hecho, como ser declaraciones informativas, inspecciones, secuestro de documentos y otros imprescindibles para la eficacia de la investigación.

El inciso 2 del Artículo 116 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece que el juez de instrucción puede ordenar que algunos actos del proceso se realicen en forma reservada cuando “corra riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes, o de alguna persona citada”.

“En estos 10 días nos vemos limitados a brindar cualquier tipo de información. La reserva es porque se han visto nuevos elementos en la investigación, derivadas de las declaraciones dadas el jueves y viernes”, dijo el abogado defensor Roberto Barbosa.

La medida fue cuestionada por la abogada del alcalde suspendido José María Leyes, Andrea Trigo, quien consideró que el objeto único de la audiencia se centró en definir la situación legal de José Miguel P. “Si el Ministerio Público quería volver a proponer la reserva, debía haber esperado al lunes. Vamos a tomar medidas drásticas contra la jueza Sandra Parra porque los está beneficiando”, agregó.

Declaración

En su audiencia de medidas cautelares, José Miguel P. expresó que no tuvo la intención de esconder ningún tipo de evidencia debido a que se encontraba fuera del país, y aclaró que su declaración es para esclarecer los hechos por los cuales se le acusa, según señalaron fuentes cercanas al caso.

El abogado defensor Roberto Barbosa aseguró que tanto el Ministerio Público como el Viceministerio de Transparencia pidieron la detención preventiva del imputado, sin embargo, las declaraciones que brindó hicieron que la jueza considerara la situación.

“Nos dijeron que en los próximos días nos notificarán para declarar por el caso Mochilas II”, agregó.

Pese a estar el caso en reserva, la abogada del alcalde suspendido José María Leyes manifestó que las declaraciones del imputado no aportarán al proceso de investigación, debido a que no participó en el proceso de contratación.

Mientras tanto, el abogado Roberto Barbosa dijo que se solicitó medidas de protección para el implicado.///