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La defensa del alcalde titular José María Leyes considera la presentación de recursos contra los jueces y fiscales de los casos Mochilas I y II, a un mes de la paralización del proceso en el Juzgado Anticorrupción.

La abogada Andrea Trigo manifestó que la semana que viene se presentará la quinta solicitud de reanudación de la audiencia, después de un cuarto memorial al que se acudió en días pasados y que no dio resultado.

“Estamos agotando todas las instancias, indistintamente que estamos a la espera de la audiencia”, explicó.

Las partes presentaron alrededor de 20 recursos legales desde el inicio de la investigación hasta la fecha.

Uno de los resultados que espera la defensa es el dictamen del estudio pericial del proceso de contratación, para “demostrar de que no hubo mayor inconveniente y se han seguido los pasos de ley”, asegura Trigo.

En mayo, durante la última extracción de pruebas que se realizó, el abogado de Leyes, Humberto Trigo, anunció que se solicitaría la nulidad de la pericia, ya que “se vulneraron los procedimientos”.

Desde ese entonces, se espera el informe del técnico revisor que tenía que ser emitido en 20 días.

“Está previsto hacer alguna acción constitucional en contra de los jueces, de los fiscales, que nos vienen coartando el derecho a la defensa. No hemos podido hacer el análisis al proceso de contratación que para nosotros es fundamental, el tema de la pericia”, enfatizó Andrea Trigo.

Sin embargo, adelantó que primero se deben agotar otros recursos.

Con las declaraciones del exsecretario de Ciudadanía y amigo de Leyes, José Miguel P., tras su aprehensión, se ligó nuevamente en el proceso a Diego M. y Carolina A, responsables del proceso de contratación.

En tanto, para la representación del Viceministerio de Transparencia de Cochabamba, las declaraciones de José Miguel P. son una prueba de que el proceso de contratación fue direccionado.

Después de que los vocales de las salas penales Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia notificaran con el rechazo de la excusa de la jueza anticorrupción, Sara Céspedes, la autoridad tomó la decisión de pedir una nueva baja médica hasta el 13 de julio.

Con el caso estancado por más de 30 días, se espera que ahora la jueza cautelar Nº1 Sandra Parra dé curso a la reanudación de la audiencia.

“Son varios tropiezos con los que estamos atravesando y es ya es por el tema político, porque no hay de otra”, dijo.

Explicó que, según el proceso, la jueza Parra debería dar un señalamiento dentro de las siguientes 24 horas que se presenta el recurso.

La defensa de Leyes busca restituir los derechos laborales para su auspiciado.

“Es simplemente la restitución de la audiencia que estamos esperando para que el Alcalde pueda volver a sus funciones después de que se desvirtuó el riesgo de fuga”.///