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Hasta mediados del año pasado desde el Viceministerio de Tierras tenían el dato de que hay unos ocho millones de hectáreas que corresponden a tierras fiscales, las mismas que pueden ser dotadas por el Estado a las comunidades y organizaciones que así lo soliciten. Sin embargo, productores afines al MAS observan la distribución de estas tierras y piden una mayor información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que las comunidades que necesitan de tierras para sembrar tengan acceso a ellas.

Es Demetrio Zeballos, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, sector afín al partido de Gobierno, el que hace un llamado de atención al proceso de distribución de esas tierras, que en su criterio deben ser entregadas a la población de la zona y después a las otras organizaciones que las soliciten.

Zeballos lamentó que la información que maneja el INRA no sea transparente y que esta no permita una mejor distribución de las tierras fiscales para los sectores que realmente las necesitan.

“Destacamos el trabajo de saneamiento que realizó el INRA, pero notamos ciertas falencias en la dotación, por eso vamos a pedir una reunión con el Viceministerio de Tierras para mejorar el tema de la dotación”, señaló Zeballos, a tiempo de desmentir que haya comunidades fantasmas que buscan tener acceso a las tierras fiscales.

Mientras que María Muñoz, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz, precisó que desde 2014 el acceso a la tierra para las mujeres fue mejorando y eso permitió que estas tengan la posibilidad de generar sus ingresos a partir de la comercialización de sus cultivos.

Muñoz detalló que en los últimos años se obtuvieron 28 resoluciones en las que se benefició a 20 comunidades y que para fines de 2018 contaron con 18 nuevas carpetas que aún están siendo analizadas, pero a pesar de estos avances la dirigente remarcó que los problemas (burocráticos y técnicos) en cuanto al acceso a las tierras fiscales son una traba para el sector, por lo que considera que se debe trabajar mejor entre las comunidades que necesitan de los terrenos y el INRA, que es el encargado de evaluar las solicitudes.

Sobre la existencia de comunidades fantasmas, Muñoz indicó que debido a estos problemas y a la falta de una mejor fiscalización esta es una posibilidad real, donde grupos ajenos a las organizaciones campesinas ya establecidas buscan tener acceso a las tierras sin cumplir los requisitos.

“Es algo que estamos controlando y lo vamos a denunciar si es que tenemos información de que estos grupos irregulares buscan tener acceso a las tierras fiscales cuando no cumplen con la norma”, indicó Muñoz.

Para Elisa Coca, secretaria ejecutiva de las mujeres interculturales de Santa Cruz, los gabinetes interculturales que se están realizando son positivos, pues en esas reuniones, donde participan funcionarios del INRA, las asociaciones o comunidades que necesitan tener acceso a tierras pueden postularse para lograr ese beneficio.

Coca indicó que una de las mayores falencias es la falta de información para que pequeños y medianos productores puedan tener sus terrenos y contribuir a la producción de alimentos.

“No es posible que en la actualidad los extranjeros sigan teniendo grandes extensiones de tierra, mientras que el boliviano esté peleando por unas hectáreas. En estos gabinetes interculturales vamos a plantear nuestras observaciones al sistema de dotación de tierras fiscales”, señaló Coca.

Los números del saneamiento

Hasta mediados del año pasado, el Viceministerio de Tierras tiene la información de que de los 106 millones de hectáreas que hay en el país, 90 millones de hectáreas fueron saneadas y que hasta el momento se han detectado unos ocho millones de hectáreas que corresponden a tierras fiscales, las cuales, si así considera el Estado, pueden ser distribuidas entre los pequeños y medianos productores que lo soliciten.

Desde el INRA, los datos cerrados hasta 2017 indican que se han saneado 74,5 millones de hectáreas y que se entregaron 934.541 títulos ejecutoriales que garantizan la propiedad de las tierras entre los pequeños y los medianos productores.

Desde el INRA indicaron que la dotación de tierras fiscales se está dando en los departamentos donde se lo solicita, a manera de ejemplo indicaron que con ocasión del XXXVII aniversario de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián Dorado López, realizó la entrega de 989 títulos ejecutoriales, cuya superficie saneada y titulada es de 5.335 hectáreas, en beneficio de 1.604 productores de las provincias Cercado y Méndez (Tarija).

Otra muestra de que la política de dotación de tierras fiscales tiene alcance nacional es el distrito indígena culta, donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria entregó títulos ejecutoriales por una superficie de 43.545 hectáreas de tierra saneada y titulada para el municipio de Challapata, de la provincia Eduardo Abaroa, en el departamento de Oruro.///