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La justicia ecuatoriana ordenó este jueves prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.

La jueza nacional Daniella Camacho pidió esa medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será "legal, constitucional y convencional" y por tanto "no arbitraria".

Salazar investiga una trama denominada "Sobornos 2012-2016" (antes "Arroz verde"), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos excolaboradores del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar este jueves. La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exgobernante hasta 2017.

En el caso del expresidente, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017. Y recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.

Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador, y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años. ///