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El magnate de la industria del automóvil caído en desgracia Carlos Ghosn anunció este jueves que pide la anulación del procesamiento contra él en Japón y acusa a los fiscales de “acciones ilegales” y de colusión con Nissan, del que era presidente ejecutivo, para tumbarlo.

Los abogados del ex jefe máximo de Renault y Nissan -Hiroshi Kawatsu, Junichiro Hironaka y Takashi Takano- acompañados de su cliente, presentaron sus argumentos el jueves durante una vista preliminar en el juicio que comenzará en abril.

Las acusaciones están “motivadas políticamente desde el principio, fundamentalmente sesgadas”, y “este caso nunca debería haber dado lugar a un enjuiciamiento penal”, denunciaron en un comunicado.

La investigación contra Ghosn es “totalmente ilegal y perjudicial”, escribió Kawatsu en otro documento obtenido por AFP.

Él denuncia “un abuso de la autoridad pública responsable del enjuiciamiento penal con fines injustos en un contexto de discriminación con respecto a la raza, la nacionalidad y el estatus social de Carlos Ghosn”.

Los defensores del franco-libanés-brasileño, que era el directivo empresarial mejor pagado de Japón, exigen “la anulación del procesamiento”.

Los letrados transmitieron a los jueces y a la prensa los elementos que creen que demuestran que su cliente es inocente y víctima de una conspiración.

Fallos en el procedimiento

Según ellos, hay “múltiples actos ilegales de investigación que cuestionan fundamentalmente la integridad y la viabilidad” de las acusaciones.

Quien fuera considerado “el salvador de Nissan”, a su llegada al grupo en 1999, fue arrestado el 19 de noviembre de 2018 en Tokio. Pasó 130 días en prisión preventiva. Fue liberado bajo fianza la pasada primavera (boreal) y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en la capital japonesa.

Cada mes se celebra una vista preliminar. La del jueves era la primera en la que los abogados respondieron punto por punto a los cargos presentados por la unidad especial de la oficina del fiscalía contra su cliente.

Ghosn se enfrenta a cuatro cargos: dos por ingresos diferidos no declarados a las autoridades bursátiles por Nissan (que también están siendo procesado por este tema) y otros tantos por abuso de confianza agravado.

La defensa, además de negar la malversación, como siempre ha hecho, esta vez intenta demostrar que la investigación en sí misma está plagada de fallos de procedimiento.

“Las acusaciones contra Ghosn son el resultado de una colusión ilícita entre fiscales, miembros del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (Meti) y dirigentes de Nissan, quienes formaron una ‘task force’ (comando especial) secreta encargada de imputar artificialmente actos reprensibles a Carlos Ghosn “, afirma el comunicado.