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El Gobierno responsabilizó al representante de la OEA, Luis Almagro, por la salida del poder de Morales que considera fue producto de un “golpe de Estado” y así lo hace conocer en todas las oportunidades que se le presentan. Su posición recibe el respaldo de diferentes organismos internacionales.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reclamó por la “injerencia colonialista” del organismo internacional en asuntos internos bolivianos y advirtió que utilizando el discurso sobre derechos humanos favorece a los intereses particulares y políticos que representa. También explicó que Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia y que debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad.

Desde el MAS anunciaron un juicio en las instancias que correspondan y hasta propusieron desvincularse del organismo mientras su secretario continúe ejerciendo funciones. 

En el Parlamento nacional, el oficialismo aprobó una resolución en contra de lo que considera una “injerencia” de la OEA por sus pronunciamientos sobre la situación de la dictadora  Áñez, después de una accidentada sesión.

El documento ya fue aprobado en la sesión del Senado y el MAS promovió lo mismo en la Cámara baja, en medio de airadas protestas de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos.