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El fiscal Johan Muñoz informó este viernes que el Ministerio Público lleva adelante una investigación por un presunto daño económico de Bs 43 millones a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, a raíz de la venta irregular de títulos y valores. Un funcionario fue aprehendido por este hecho.

Muñoz dijo que la investigación inicial es contra seis funcionarios de la Gestora investigados por los delitos de conducta antieconómica e incumpliendo de deberes. Uno de ellos ya fue aprehendido e imputado y en audiencia la Fiscalía pedirá su detención preventiva.

El fiscal explicó que el caso fue abierto a denuncia de la actual administración de la propia Gestora Pública, instancia que a través de evaluaciones y auditorías detectó siete transacciones irregulares de títulos y valores realizadas en 2020.

Seis funcionarios están involucrados en dichas ventas a empresas y fondos de valores, a un precio menor de lo que establece la norma, y pese a que esas operaciones estaban prohibidas, acotó.

“Se ha identificado que se habrían vendido títulos/valores a un precio que no correspondía en el mercado con bolsas de valores que también estaban en un plano secundario, las cuales no podían realizar esta venta”, informó Muñoz.

Agregó que “todas estas irregularidades han dado un daño económico al Estado que está siendo catalogada, pero el movimiento total que se ha realizado con toda esta venta de valores en el mercado bursátil es de 43 millones de bolivianos”.

El aprehendido es un funcionario jerárquico de la Gestora y en las próximas horas se definirá su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares.

El fiscal adelantó que se emitieron dos citaciones para dos personas que radican en Santa Cruz para que declaren.

Muñoz dijo que la investigación es muy compleja, ya que se trata de una instancia que tiene la responsabilidad de la administración de los bienes, pago de rentas de vejez y dignidad, en merito a eso, la Gestora tiene la facultad de comprar títulos y valores con la finalidad de incrementar el capital para el pago, a fin de que exista una liquidez para que el Estado pueda cumplir con estas obligaciones.