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En nueve meses en el cargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, pasó de las promesas de reforma judicial a los juicios contra exautoridades. El abogado constitucionalista  ha asumido la tarea gubernamental de enterrar el caso fraude electoral para implantar la narrativa del “golpe”, mientras ve “movimientos sediciosos” contra Luis Arce y anuncia más procesos contra opositores.

Lima asumió  la cartera de Justicia y Transparencia Institucional en el gabinete de Luis Arce después de una carrera de más dos décadas como abogado. Desempeñó cargos públicos  y fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. 

En cuanto a  emprendimientos personales, creó  el bufette Lima & Asociados y Gen  Soluciones, que administra el portal oxígeno, entre otros.  También se desempeñó como analista, aunque no faltaron voces críticas por su afinidad al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Así, el también catedrático llegó al Ministerio de Justicia en noviembre pasado. Y anunció como su primer objetivo la reforma de “esa justicia podrida, para ricos y carente de independencia” con base en tres ejes: la institucionalización, evaluación de los jueces y la formación, según dijo en entrevista con Página Siete en noviembre. Ocho meses después, esa promesa  de transformación no presenta avances y se diluye.

“El discurso de Lima ha cambiado también radicalmente. De un primer mensaje de transformación judicial ha pasado ser operador político del gobierno, al que se muestra directamente afín”, opina el cientista político Ludwing Valverde.

“Lamentablemente al no tener apoyo del Presidente y de los representantes del MAS,  su plan de reforma judicial tuvo que quedar postergado. Ahora Lima  quedó más alineado al rol de ministro operador político, en especial para el caso golpe de Estado”, apunta el politólogo Marcelo Arequipa.

La reforma estancada

Cuando asumió el cargo, Lima anunció el tratamiento de normas  que den “transparencia, accesibilidad y prontitud en la administración de justicia”. Conformó entonces un “consejo de notables” con la misión de trazar las bases de esa transformación. 

En los hechos, el “consejo de notables” nunca funcionó y la reforma prevista para las elecciones subnacionales  se postergó. En febrero, Lima admitió que el proceso estaba en pausa, pero no era “un fracaso”.
 
El proyecto del ministro sufrió otro revés más cuando desde el Movimiento Al Socialismo  le rechazaron una reforma constitucional. Entonces, el abogado  y analista Williams Bascopé  observó que no había en el MAS intenciones de cambiar el sistema  de justicia, pues el actual mantiene   “operadores internos” funcionales a los gobiernos de turno.

En mayo, el  expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que inicialmente fue parte del “consejo de notables”, apuntó:   “La justicia accesible e imparcial sigue ausente y su reforma no debe postergarse ni improvisarse indefinidamente, más aún si es imprescindible para la reconciliación”. Desde entonces no hay avances concretos.

Impulsor de juicios

El ministro de Justicia se ha  abocado en los últimos meses a promover juicios a exautoridades del gobierno transitorio. Desde la madrugada del 13 de marzo,  la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán  permanecen aprehendidos, por el caso denominado “golpe de Estado”.

Al día siguiente, el ministro de Justicia informó que Añez era procesada en la vía ordinaria debido a su condición de exsenadora. “En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora;  por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional y ésa es la realidad de los hechos”, dijo entonces. 

La aprehensión de Añez se realizó sin notificación previa ni citaron para que declare. En noviembre,   consultado sobre el proceso contra Evo Morales, Lima sostuvo: “Si algo he reclamado siempre es que no puedes imputar a nadie si no lo escuchas, es un principio básico, que se haga un juicio a espaldas  del ciudadano está prohibido en la Constitución”.

Poco después, en una entrevista en Bolivia TV, admitió que el Gobierno busca una pena máxima de 30 años para la expresidenta y su exgabinete. “La detención preventiva es una medida excepcional, no debe ser la regla, debe ser la excepción y lo que buscamos no es una detención de cuatro meses. Nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años porque acá ha habido masacres sangrientas”.

Actualmente una veintena de exautoridades son procesadas por el caso “golpe”. Y el ministro Lima se ha convertido en el impulsor y vocero de las causas. El proceso incluyó, en calidad de testigos, a líderes opositores como Carlos Mesa, quien se presentó a declarar el 18 de junio y se acogió al derecho de silencio. 

El líder de Comunidad Ciudadana emitió un pronunciamiento  en el que aseguró que el caso “golpe”  “no tiene ninguna base de legalidad”, puesto que –sostuvo- se fundamenta en “hechos falsos” y en “manipulación de pruebas ‘aparentes’”.

 “Golpe”, a capa y espada

El ministro de Justicia es uno de los mayores defensores de la retórica del “golpe”  perpetrado contra Evo Morales en 2019 y de  la negación de fraude electoral en los comicios de ese año. Ello se evidenció en la interpelación de la Asamblea Legislativa a la que Lima fue convocado  para que informe sobre el proceso a  la expresidenta Jeanine Añez. 

En esa caldeada sesión, realizada en junio a convocatoria de la oposición, la autoridad de justicia enfatizó:  “No hubo fraude electoral, porque no existe prueba alguna y tampoco de que el MAS quemó las ánforas”.  

Sobre la expresidenta, Lima sentenció : “Es una gobernante de facto, eso es parte de un golpe de Estado y esa persona no merece ser llamada presidenta del país”.

También puso en duda el informe la Organización de Estados Americanos (OEA), que halló irregularidades en las elecciones generales de 2019. “Es un informe que no tiene valor jurídico, no cumple con los argumentos y fundamentos que ha afirmado Diego Pary (embajador de Bolivia ante la OEA). Ese informe no es valido jurídicamente y no es vinculante, porque no tiene las características de una auditoría en Bolivia”.

Su intervención causó reclamos de la oposición que acusó a Lima de ser operador político del MAS y pidió su renuncia.

“No tenemos ministro de Justicia en el país, porque claramente hoy es  Lima el defensor del fraude, el abogado de Evo Morales, además es quien está tejiendo esta suerte de relato para sostener que en Bolivia hubo supuestamente un golpe de Estado y que no hubiera fraude. Él (Lima) ya dictó sentencia, no está promoviendo la investigación de los delitos que cometieron Morales y su entorno”, sostuvo entonces el jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán.

“Movimiento sedicioso”

En las últimas semanas, el ministro Lima denunció un “movimiento sedicioso contra Luis Arce y habló de otros supuestos intentos de golpe.

El 6 de junio, el titular de justicia  denunció que Carlos Mesa planteaba un nuevo “golpe de Estado”  por su propuesta de acortar el de mandato de magistrados para convocar a elecciones judiciales en 2023.

“Lo que nos dice Mesa es que se acorte el mandato de autoridades elegidas por voto popular, eso en términos claros es golpe de Estado, él quiere hacer ahora un golpe de Estado judicial, quiere que los magistrados elegidos por voto se vayan a su casa, eso señores se llama golpe de Estado, y es el segundo golpe de Carlos Mesa, esta vez a la justicia”, declaró a Asuntos Centrales.

Días después, el ministro hizo referencia  a los supuestos audios sobre un aparente  plan de boicot en  la asunción de Arce atribuidos al exministro de Defensa Fernando López 

El 17 de junio, el portal digital The Intercept publicó: “Un alto funcionario del gobierno boliviano saliente planeó desplegar a cientos de mercenarios de Estados Unidos para anular los resultados de las elecciones de octubre de 2020 en el país sudamericano, según documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas”. La nota fue acompañada de audios  supuestamente del exministro  López.

El 20 de junio, Lima fue más allá y denunció un “movimiento sedicioso contra el presidente Arce” y anunció  investigaciones a líderes opositores y cívicos  supuestamente  involucrados.

“Desde el primer momento de la elección, desde los primeros días en los que sabíamos ya que el pueblo boliviano había optado por el presidente Arce con un 55% de apoyo, que se empieza a generar una serie de movilizaciones que son estructurales, no son casuales”, afirmó Lima.

La autoridad puso como uno de sus argumentos el pedido de la vocal del Tribunal Supremo Electoral Rosario Baptista de  que la OEA realice una auditoría al proceso electoral del 18 de octubre de 2020. También expuso que hubo grupos que pidieron una intervención militar tras conocer los resultados de los comicios. 

“Camacho, diciendo que el presidente Arce no siga la suerte del presidente Morales y toda la estructura que se está dando en este momento de generar una situación de convulsión en el país, es una muestra evidente de que existe un movimiento sedicioso y esta situación no va a quedar en la impunidad”, advirtió Lima.

Después de ocho meses en el cargo, la figura del ministro Lima ha cambiado: “Al inicio era el ministro de la reforma de justicia y con la mejor agenda pública. Ahora  es un ministro con agenda pública y política solamente”, resume el analista Marcelo Arequipa.
 

Ministro  de Justicia

Iván Lima Magne  Es abogado con estudios en derecho judicial, argumentación jurídica y arbitraje. Fue consultor en el Ministerio de Justicia y asesor legal del Comando en Jefe de las FFAA. Desempeñó los cargos de director de política criminal en el Viceministerio de Justicia, director general de Defensa Pública y DDHH

Magistrado   Desde mayo de 2014, ejerció como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Actualmente es ministro de Justicia

Punto de vista

Ludwin Valverde,  politólogo
Recurre al alegato político, no judicial 

Iván Lima abandonó postulados académicos que hacían creíble su forma de encarar la tan necesaria reforma de la justicia en nuestro país. Parece ser que presiones políticas del partido de gobierno, al que se muestra directamente afín, pesaron más a la hora de insistir en procesos de reforma del Órgano Judicial, aún pendientes en Bolivia. 

La consabida crisis del sistema judicial en nuestro país tiene como notable y urgente desafío cuidar su independencia y autonomía de las fuerzas políticas que ejercen presión hacia sus propios intereses. Algo que desbordó al ministro Lima. El debilitamiento del sistema judicial es el debilitamiento de las instituciones de la democracia. 

En función de gobierno, Lima recurre al alegato político antes que al judicial. Esto se puede ver  cuando es convocado a la Asamblea Legislativa  y en casi todas las intervenciones públicas que necesitan de su expresión como ministro.

Pagina Siete