Gobierno ejecuta $us 2.600 millones en materia de inversión pública
Reiteró la invitación a los gobiernos autónomos municipales, departamentales, regionales e indígena originario campesinos a acercarse al Ministerio de Planificación en relación a los dos fideicomisos que el Gobierno nacional lanzó para reactivar
La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, informó que en un año de gestión del presidente Luis Arce Catacora, de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la inversión pública alcanzó, en términos acumulados, a $us 2.600 millones, lo cual incentiva y contribuye a la reactivación económica del país.
“Aproximadamente, los niveles de inversión en el país se encuentran en montos muy importantes, están superando en términos acumulados los 2.600 millones de dólares desde que asumimos el Gobierno nacionales en noviembre de 2020, por lo tanto, para nosotros es un avance muy importante”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
En ese marco, reiteró la invitación a los gobiernos autónomos municipales, departamentales, regionales e indígena originario campesinos a acercarse al Ministerio de Planificación en relación a los dos fideicomisos que el Gobierno nacional lanzó para reactivar y fomentar la inversión pública.
“Tenemos el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), que dispone de 2.000 millones de bolivianos, y el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (Focipp) de 1.500 millones de bolivianos (…). Por lo tanto, son 3.500 millones de bolivianos los que ha puesto a disposición el Gobierno nacional para garantizar la reactivación económica y productiva en el país, a partir de la inversión pública”, destacó Mendoza.
El FARIP fue creado mediante Ley 1389 con un monto de Bs 2.000 millones, destinados a financiar las contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con financiamiento externo y/o interno y que sean ejecutados de forma concurrente con el nivel central del Estado.
El Focipp fue creado mediante Decreto Supremo (DS) 4587 con Bs 1.500 millones, recursos que están destinados para el financiamiento de iniciativas, de gobiernos autónomos municipales e indígena originarios campesinos, orientadas a la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos.
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