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Ana Davide, la abogada que defiende al exministro de Gobierno Arturo Murillo en el juicio federal en Estados Unidos, habló con el periódico ‘El Nuevo Herald” y afirmó que el proceso contra su defendido es “resultado de un juego de poder político en Bolivia”.

“Nuestra posición es que la persecución del señor Murillo está impulsada por la actual administración boliviana, que está tratando de silenciar a sus críticos”, dijo Davide.

“El Gobierno boliviano ha encarcelado a todos los miembros del gobierno de Murillo, incluyendo a la expresidenta Jeanine Áñez, por sus opiniones antisocialistas”, acotó.

Murillo está encarcelado en Miami, Estados Unidos, acusado por los delitos de lavado de dinero y soborno en el caso de la adquisición de gases lacrimógenos con presunto millonario sobreprecio durante su gestión como ministro de Gobierno en la presidencia de Jeanine Áñez.

Fue arrestado a principios de este año en una casa en Doral y señalado en diciembre de cargos de confabulación y lavado de dinero, pues lo acusan de aceptar más de 500.000 dólares en sobornos del proveedor de gas lacrimógeno del sur de la Florida entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Murillo, de 57 años y quien está detenido desde su arresto, tiene un juicio programado para el 18 de enero en el tribunal federal de Miami. Es el único de los cinco acusados en el caso que ha optado por ir a un juicio con jurado.

Los otros cuatro, nombrados como coconfabulados, ya se declararon culpables en 2021: Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, de 51 años, exjefe de gabinete; Bryan Berkman, de 36 años, director general de Bravo Tactical Solutions en Tamarac; su padre, Luis Berkman, de 58, de Georgia; y Philip Lichtenfeld, de 48, ciudadano estadounidense. Está previsto que todos sean sentenciados ante el juez de distrito Paul Huck el mismo día en que Murillo vaya a juicio.

Bryan Berkman, su padre, Luis Berkman, y Litchtenfeld están acusados de pagar más de un millón de dólares en sobornos a Murillo, Méndez y otros dos funcionarios bolivianos para obtener un contrato por los gases lacrimógenos con valor de 5.7 millones con el gobierno de Áñez.

Los Berkman y Lichtenfeld habrían lavado el dinero de los pagos a los exfuncionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en la Florida y Bolivia, según las denuncias de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) presentadas por el fiscal Eli Rubin.

En el tribunal federal de Miami, los cuatro firmaron declaraciones de hechos como parte de sus acuerdos de culpabilidad.

BOLIVIA DEMANDA

El gobierno de Luis Arce ha demandado a los mismos acusados en el caso penal federal, pero en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, alegando incumplimiento de deberes fiduciarios y conspiración civil.

“Bolivia ha sufrido importantes daños monetarios como resultado directo de la participación de cada uno de los acusados en la conspiración”, dice la demanda, que fue presentada por el bufete de abogados Greenberg Traurig en Miami.

El caso del Gobierno está programado para ser juzgado en octubre de 2022, pero ese procedimiento ocurriría mucho después de cuando se espera que los fiscales federales obtengan sentencias de confiscación contra los acusados.