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El Ministerio Público determinó el inicio de un segundo proceso en relación al negociado de contrataciones en la Alcaldía de Santa Cruz. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó ayer que la comisión que investiga el hecho determinó abrir el caso Ítems fantasmas II, en el que se investigará sólo la responsabilidad del entorno familiar de la exalcaldesa Angélica Sosa.

“En relación a la investigación del entorno familiar de la exalcaldesa Angélica Sosa, la comisión de fiscales ha visto por conveniente llevar adelante una otra investigación. No pueden incluir en el proceso de investigación relacionado a los ítems fantasmas la participación de los familiares de la señora Sosa”, anunció Lanchipa.

El fiscal explicó que esta segunda pesquisa será “paralela e independiente” sobre la participación que tienen los familiares de la exalcaldesa.

La pasada semana, la directora de transparencia del municipio cruceño, Adriana Pedraza, calificó como “grave” el hallazgo de contratos que beneficiaron a seis parientes y un trabajador allegado a la familia Sosa.

Uno de los siete contratos que se investiga es el de Camila Perovic Sosa, hija de la exalcaldesa. Se trata de un contrato administrativo como personal eventual en 2016 y está firmado por el exalcalde Percy Fernández para los meses de febrero, marzo y abril de ese año, con una remuneración mensual de 6.015 bolivianos.

Según Pedraza, éste es uno de los 800 ítems fantasmas denunciados inicialmente, pues Perovic nunca firmó la planilla de asistencia. En una primera versión, la defensa de la exalcaldesa dijo que se trataba sólo de una pasantía por la que se le pagó 10.000 bolivianos, aproximadamente, dinero que, aseguraron, fue devuelto al municipio. Dicha devolución se hizo conocer luego de que Sosa fuera enviada a la cárcel con detención preventiva.

Otro familiar beneficiado, según la denuncia de Pedraza, fue Juan José Dorado, uno de los yernos de Sosa, quien ingresó a la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER). Sin embargo, la defensa del funcionario desmintió esta acusación y señaló que Dorado ya trabajaba en la Alcaldía antes de que Sosa asuma algún cargo.

Lanchipa hizo el anuncio ayer, luego de brindar un informe oral sobre el caso Ítems fantasmas I ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Destacó que mientras se desarrollan las investigaciones, se realizó la anotación preventiva de 41 bienes inmuebles, entre casas, departamentos, lotes de terreno, automóviles y otros de propiedad de los implicados.

La autoridad explicó que de acuerdo con el cálculo rápido efectuado con base en el salario percibido por tres supuestos funcionarios (fantasmas) se presume que el daño económico causado al Estado por pago de salarios, aguinaldos y aportes a las AFP es de 982.984 bolivianos. Asimismo, se tiene a tres personas bajo medidas especiales y se encuentran dentro del “Programa de Protección a Testigos” del Ministerio Público.

También se informó que se cambió al jefe de la comisión de fiscales, Javier Cordero, que dirige el primer caso,  por motivos de salud.

Página Siete