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El reciente conflicto por el Código del Sistema Penal ha desencadenado una serie de cuestionamientos de diferentes sectores a la representatividad y trabajo de los diputados y senadores oficialistas, que llegaron a un curul gracias a una organización social.            

El MAS tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional a representantes de organizaciones sociales, pero con el conflicto hubo críticas a estos diputados y senadores por seguir la línea del partido y avalar el Código Penal sin el debido consenso con sus bases. Las críticas llegan a resolución de desconocimiento y amenazas de revocatoria.

Los cooperativistas mineros, aliados del Gobierno, están entre los sectores que reprochan a sus legisladores. El presidente de la federación departamental de La Paz, Simón Condori, señaló que en las reuniones de este sector ya se ha aplazado la tarea de sus diputados y senadores.

Condori explicó que el sector cooperativo minero cuestiona los artículos 101, 174, 128, 130 y 194 del Código Penal. Aseveró que hace ocho meses se envió cartas al Legislativo para pedir una construcción de la norma en consenso, pero en la Asamblea sus representantes no canalizaron el pedido.

El dirigente señaló que en opinión de los mineros, sus legisladores se olvidan de su sector y buscan sus intereses personales una vez que llegan a ser parlamentarios.

Anunció que en la próxima reunión del sector se podría determinar una censura de sus legisladores, u otra sanción como declararlos personas no gratas o buscar sy revocatoria.

Una situación similar ocurre en el transporte pesado. La dirigencia de este sector reprochó a los legisladores representantes de los choferes por avalar El Código Penal, cuando tiene artículos que afectarían a sus bases.

El Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (CEATPENAL) incluso emitió una resolución para desconocer a los legisladores que supuestamente los representan.

“Se desconoce la representatividad de todos los senadores y diputados supuestos representantes del transporte nacional en la Asamblea Legislativa, por haber aprobado sin haber consensuado ni socializado y comunicado a las bases los alcances y perjuicios contenidos en la ley del nuevo Código del Sistema Penal”, dice el texto.

Los gremiales también están en esa situación. El presidente de la confederación de este sector, Francisco Figueroa, señaló que los artículos 174 y 175, además de otros del Código Penal, afectan a los comerciantes, pero lamentó que sus representantes en la Asamblea son obligados a seguir la línea partidaria.

“Tenemos nosotros alrededor de seis representantes, pero en el partido al final les obligan”, manifestó Figueroa, a tiempo de lamentar que la norma no se haya consensuado con los gremiales a pesar de que se envió cartas al Legislativo para expresar sus preocupaciones.

mg