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Además de ampliar las causales del aborto impune, el Código del Sistema Penal  modifica y complementa en varios aspectos la Ley 348 e incorpora lineamientos para reducir la retardación de justicia y la impunidad  en el juzgamiento de los delitos derivados de la violencia machista, aseguró Mónica Bayá, secretaria ejecutiva de la Comunidad de Derechos Humanos.

Explicó que eso fue posible por el trabajo de incidencia que durante varios meses desplegó el Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa de las Mujeres, un espacio de articulación conformado por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y activistas feministas.

En entrevista con ANF detalló que en relación al tratamiento de infracciones penales de violencia contra las mujeres, el cuestionado Código “establece un procedimiento especial y una duración máxima de 18 meses para los procesos, además se podrán resolver dentro del mismo proceso  todos los conflictos colaterales como divorcio, custodia de los hijos, asistencia familia, división de bienes, entre otros”.

Mencionó también como positivo el fortalecimiento de las medidas de protección para las víctimas que, en casos de emergencia, podrán ser dispuestas incluso por la Policía y, asimismo, se garantiza la extensión inmediata de certificados médicos que “ya no tendrán que ser homologados”.

mg