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El viernes, a las 17:00, el alcalde cochabambino, José María Leyes, deberá sentarse en las oficinas de la Fiscalía Departamental de Cochabamba para declarar sobre el supuesto sobreprecio del 80% en la adquisición de 94.000 mochilas y material escolar. La investigación realizada por la concejala masista Rocío Molina se convirtió en querella del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por un supuesto daño económico al Estado de Bs 10 millones.

Esta situación, según la cúpula de Demócratas, se trata de un intento de ‘golpe’ derivado de las acciones de denuncia que hicieron Leyes, el gobernador Rubén Costas y el senador Óscar Ortiz en Europa, luego de asistir a los alegatos en La Haya.

Para Molina, Leyes solo intenta victimizarse y oculta información. Álex Contreras, secretario ejecutivo de la comuna cochabambina, asegura que se trata de un complot que involucra a la cúpula del MAS, incluso llegando al presidente Morales.

Al bando de los denunciantes se sumó un exaliado del partido verde, el senador de Unidad Demócrata Arturo Murillo, que aseguró ayer que en el caso de supuesta corrupción se encuentran involucrados funcionarios “del primer anillo” de la administración de Leyes.

En febrero de este año, la Asociación Accidental 26 de Febrero se adjudicó la licitación de la provisión de 94.000 mochilas para los estudiantes del sistema público. Según la denuncia del Ministerio de Justicia, el costo real de importación de estos elementos fue de apenas Bs 26 por unidad, mientras que a la comuna se los vendieron por más de Bs 140, para totalizar 12,4 millones. ///