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En una conferencia de prensa convocada en el Concejo Municipal de la Llajta, Iván Tellería, presidente del órgano deliberante, anunció que no procederán a elegir a un nuevo alcalde, ya que consideran que existe un vacío legal y no han sido notificados con la resolución del juez cautelar Rubén Pérez, que dictó prisión domiciliaria e impedimento de trabajar y comunicarse con funcionarios municipales al alcalde José María Leyes.

La noche del sábado, en una audiencia cautelar, un juez de medidas cautelares encontró indicios suficientes para juzgar a Leyes por uso indebido de influencias y otros delitos, por la compra de 91.000 mochilas a la Asociación Accidental 26 de febrero, en lo que la fiscalía tipificó como una simulación de licitación. El juez consideró que Leyes, como alcalde, tiene la posibilidad de interferir en la investigación, por lo que prohibió ir a la alcaldía. para Tellería, esto es un intento de golpe municipal y una violación de los derechos políticos de Leyes. Anunció que se  apelará la decisión judicial.

De igual manera, el Ejecutivo municipal ratificó la decisión del Concejo cochabambino y ratifica a Leyes como alcalde. Así lo aseguró Ricardo Pol, secretario general de la Alcaldía, en una comparecencia de prensa en la que no admitió preguntas. Rodeado del resto de los secretarios, consideró que el juez viola el derecho al trabajo de Leyes y sus derechos políticos de autoridad elegida por voto directo. Dijo que todas las actividades son normales y cuando se le preguntó quién firmará los cheques y suscribirá los contratos, dio por finalizada la comparecencia ante los medios de comunicación.

Los secretarios de Leyes