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Decano de los alcaldes de Bolivia pide a Leyes asumir su culpa en millonaria corruptela

Leyes esgrimió durante la semana pasada y la anterior a ella en todo medio que le otorgó sus micrófonos que como no hubo daño económico a las arcas fiscales, no existía materia para cargarle delitos de corrupción.

hace 7 año(s)

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El decano de los alcaldes de Bolivia y burgomaestre 5 veces electo en Santa Cruz, Percy Fernández, llamó el martes a su arruinado colega de Cochabamba, José María Leyes, acusado de tramar para esfumar de las cuentas fiscales de su municipio unos 10 millones de bolivianos (casi 1,5 millones de dólares), a admitir su culpa y desistir de la pataleta legal y movida política para evitar la cárcel.

"No vamos a hacer manifestaciones por más que lo estimemos mucho porque es insalvable la cosa. (...) Buena gente, pero le pelaste, te gustó la plata, metiste la pata, andate hermano. Le pelaste hermano, andate. Aunque seas buena gente, good bye (adiós)", dijo públicamente Fernández durante un acto público.

La declaración de Fernández, el alcalde con mayor legitimidad de los 339 municipios de Bolivia, se escuchó después de que Rubén Costas, gobernador del departamento de nombre homónimo cuya capital es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada y pujante del país andino amazónico, llamó a Leyes "alcalde mártir" luego de proclamar a priori y mutto propio su inocencia.

Según Costas, Leyes, denunciado por gravar un sobreprecio de millón y medio de dólares a un lote de morrales (mochilas) para estudiantes de coste fiscal en su municipio, además de utensilios escolares, es "un perseguido político" del oficialismo boliviano.

Una de las fiscalizadoras concejales de Cochabamba, Rocío Molina, del oficialista Movimiento Al Socialismo, denunció con pruebas que la Alcaldía que preside Leyes mandó a confeccionar 3 meses antes de publicar la licitación para los fabricantes locales, entre 91.000 y 94.000 mochilas de obsequio a escolinos de la ciudad de Cochabamba, con  sobreprecio millonario.

Un  juez halló el fin de semana indicios de culpabilidad en Leyes y después de advertirle que no podía acercarse siquiera a la Alcaldía que gobernó durante los últimos 3 años y menos contaminar la investigación que la Fiscalía desarrolla, le dictó arresto domiciliario con escolta policial día y noche.

Bajo la lupa de la agitada opinión pública boliviana tras la denuncia de corrupción, Leyes pareció incurrir en un error de cálculo que según el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, lo incrimina más aún, al ordenar parar el pago a la empresa que intermedió la fabricación de los morrales en China.

Leyes esgrimió durante la semana pasada y la anterior a ella en todo medio que le otorgó sus micrófonos que como no hubo daño económico a las arcas fiscales, no existía materia para cargarle delitos de corrupción.

En medio de la indignación de los fabricantes locales, en su mayoría artesanos que laboran a destajo, el monto que, como Máxima Autoridad Ejecutiva, es decir primer responsable de la administración, Leyes autorizó desembolsar rondaba los 12,5 millones de bolivianos.

La prensa local que no resigna de tapa el "el caso de las mochilas" y/o "el alcalde Mochilas", estima que el costo real de los morrales orillaba los 2 millones de bolivianos.

Demócratas, el opositor partido político de Costas,  salió a defender a capa y espada a Leyes y uno de sus diputados Tomás Monasterio, dijo, poco menos, que estaba dispuesto a entregar su cabeza a la guillotina al tiempo de proclamar la inocencia del Alcalde cuestionado y arrestado, en que pocos parecer creer.

Peor aún, Humberto Trigo, abogado de Leyes, admitió que una empresa, MSPC SRL, que forma la  sociedad accidental 26 de Febrero, proveedora de las mochilas escolares cosidas en China para la Alcaldía de Cochabamba, aceptó este martes sin mayores condiciones que se resuelva el contrato.

"La empresa pasó una carta y no tiene ningún inconveniente con la resolución del  contrato", pese a no haber cobrado un solo cobre y haber entregado parte de las mochilas, reveló el letrado en declaraciones a la televisión privada.

"René Juan de Dios Morales Espinoza, dueño de la proveedora y exfuncionario de la Aduana Nacional de Bolivia, no se hizo problema de disolver el acuerdo económico que tenía con el municipio de Cercado", informó la privada agencia Urgentebo que trasmite por internet.

El costo de importación mayor por unidad de una mochila y el material escolar, de acuerdo con un informe revelado por la Aduana de Bolivia, no debió haber superado el valor de 31,7 bolivianos.

El proveedor vendió a la Alcaldía la unidad en al menos 140 bolivianos. 

El proveedor mandó a fabricar el lote de morrales en agosto de 2017, tres meses antes de que la Alcaldía de Leyes hiciera público el proceso de subasta o licitación.

La investigación a cargo de la Fiscalía boliviana aprehendió el lunes a Carolina Ayala, Responsable del Proceso de Contratación (RPC) de la Alcaldía de Cochabamba.

Ayala había trabajado anteriormente con Costas en la Gobernación de Santa Cruz y en la Contraloría estatal, además del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

"En todas las instituciones públicas donde trabajó Ayala, trabajó de manera muy efectiva y eficaz", alegó Aguilera.

En suerte de sumatoria de pesos contra Leyes, la proveedora de morrales para escolinos en la ciudad de Cochabamba tiene oficina legal en la vecina de Santa Cruz.///

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