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La jueza Sara Céspedes determinó que Carolina Ayala, funcionaria de la oficina de adquisiciones de la Alcaldía de Cochabamba, se defienda en libertad en el presuntamente irregular proceso de adquisición de mochilas y material escolar que tiene como principal acusado al alcalde José Maria Leyes.

Deberá presentarse una vez a la semana, quedó arraigada, no podrá acceder a la documentación vinculada al proceso de investigación ni comunicarse con otros implicados. Dispuso que sea reubicada en otra dirección para preservar su derecho al trabajo. Además, 100 mil bolivianos de fianza. 

La jueza consideró que la Fiscalía no pudo justificar la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias porque llegó al proceso en la parte final. 

Sobre las funciones incompatibles a su responsabilidad laboral, manifestó que sí se aplica a la imputada porque participó en el proceso de licitación con distintos actuados y que en el proceso las partes deberán probar si es que se cometió o no.

La Fiscalía la acusó también de incumplimiento de deberes y resaltó que la imputada demostró que su conducta también podría tener responsabilidad. Concluyó que con probabilidad autora del hecho punible, en dos de tres delitos.

La defensa de la imputada pudo desvirtuar los riesgos de fuga sobre familia, trabajo. Sobre vivienda o domicilio, la jueza estableció que sí se acreditó pese a que la Fiscalía hizo notar que no se presentó un certificado policial. Justificó el flujo migratorio para los países de Ecuador y Chile para acompañar a compromisos deportivos de su hija.

Tampoco se demostró, según la jueza, riesgo de ser reticente a la indagación, aunque sí puede existir riesgo de obstaculización o influya sobre testigos por el cargo que desempeña en la Alcaldía. 

BR