Fiscalía apela detención domiciliaria de Alcalde de Cochabamba por caso mochilas
El fiscal superior, José Manuel Gutiérrez, informó el jueves que el Ministerio Público presentó una apelación contra la decisión judicial de detención domiciliaria del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por el caso de la compra municipal de útiles y mochilas escolares de este año con presunto sobreprecio.
"El Ministerio Público ya ha presentado la apelación en el marco del artículo 261 del procesal penal, en el plazo correspondiente", informó a los periodistas.
El sábado pasado, el juez cautelar, Fernando Pérez, dictó detención domiciliaria con resguardo policial para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos y la prohibición de acercarse a dependencias ediles y tener contacto con funcionarios municipales, entre otras medidas.
Según Gutiérrez, una sala penal tendrá que atender la apelación de la Fiscalía en el transcurso de los próximos días.
"No nos han notificado aún nada al respecto", aclaró.
Gutiérrez, asimismo, dijo que cerca de 10 personas prestaron hasta el momento su declaración informativa por ese caso, entre testigos e imputados, y hay otras que fueron citadas para los próximos días.
"Hay de todo. Hay gente que trabaja en el municipio, otras personas que tienen que ver justamente con lo que son los sistemas de administración de bienes y servicios y la disposición y luego gestiones administrativas del municipio", detalló.
La autoridad judicial aclaró que se encuentra abierta la fase de revisión de tres computadoras secuestradas en la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades, de la Alcaldía de Cochabamba, y la empresa vendedora de los útiles y las mochilas escolares.
El 3 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental "26 de Febrero", que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.
BR
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