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Unos 92.000  niños de los municipios de  Oruro y Llica (Potosí) no reciben mochilas escolares  desde 2016, debido a escándalos por presunto  sobreprecio en la adquisición de estos útiles de parte de sus alcaldías. Concejales y representantes de control social  denuncian encubrimiento y retardación de justicia y piden que la justicia actúe  con la misma celeridad   con la que los fiscales  obraron  en Cochabamba. 

El pasado 20 de abril, el alcalde de la capital valluna, José María Leyes, fue aprehendido después de  declarar sobre   la compra de 91.000 mochilas escolares chinas con un supuesto sobreprecio de 10,1 millones de bolivianos. La audiencia cautelar  determinó su detención preventiva y su alejamiento tanto de   oficinas como de funcionarios ediles. Además se le prohibió emitir   declaraciones “para no obstaculizar la investigación”.
“Acá, en Llica, el caso está parado y el alcalde -Édgar Apala, del MAS-  libre porque hay un encubrimiento. Son mochilas chinas cotizadas en menos de 35 bolivianos cada una, que el alcalde dice que  adquirió  en 135. No ha cumplido ni siquiera detención domiciliaria. Se ha hecho la burla de  875 niños del municipio”, señaló el representante de Control Social de Llica, Agustín Ayaviri. En 2016, él  denunció el sobreprecio  en el material.

En Oruro, concejales y un ciudadano se han constituido en parte querellante en el proceso por   sobreprecio de las mochilas escolares en 2016, hecho  por el que hace unos días se imputó al alcalde Édgar Bazán (electo por la agrupación ciudadana San Felipe de Austria). Después de seis meses  de la denuncia formal, el caso apenas avanza. 

El presidente nacional de Juntas de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez,  considera que la dotación de beneficios escolares  se ha convertido en un negociado para los alcaldes. “Tenemos denuncias hasta   por el desayuno escolar. Vamos a hacer seguimiento a estos casos”, dijo.  

Llica, dos años sin respuesta

En 2016, centenares de padres de familia de Llica (municipio de la provincia Daniel Campos del departamento de Potosí) marcharon para denunciar     sobreprecio en la compra de las mochilas escolares que habían recibido sus hijos.  Además de carteles, llevaron  en su protesta los bolsos con  imágenes de princesas y superhéroes y su contenido: unos cuantos lápices de colores, marcadores secos en bolsas transparentes  y bolígrafos sin marca.  

Las mochilas eran de industria china. Su precio en el mercado no pasaba de  35 bolivianos, incluido el material escolar. Sin embargo, el contrato municipal era por 118.840 bolivianos; es decir, 135 bolivianos por unidad. 

“Para empezar, esa licitación se hizo con los fondos del incentivo escolar de 2015; en la Alcaldía dijeron que se atrasaron porque era muy difícil llenar el Sicoes. A finales de marzo de 2016, el presidente del Concejo entregó las mochilas y por lo menos seis comunidades reclamaron”.

Cuando la Alcaldía entregó la documentación de la adquisición, en junio de ese año, la comisión de Control Social notó    varias irregularidades que iban desde el precio hasta la inscripción del proveedor a  Fundempresa  días después de  haber obtenido la adjudicación.  

Después de varias protestas en el pueblo, cuatro ciudadanos tres  padres de familia como testigos y el responsable de Control Social  como denunciante se apersonaron  al Ministerio Público en la ciudad de Potosí.

Apelando a la jurisdicción, el burgomaestre acusado  solicitó el traslado del proceso  a Uyuni, donde radica el caso hasta la fecha.

En 2017, el fiscal del juzgado provincial   imputó formalmente al Alcalde y una audiencia cautelar dictaminó su detención domiciliaria, aunque el burgomaestre  continuó en funciones. La medida, luego, fue   revocada.

“Es que de repente al fiscal que hace la imputación le inician un proceso administrativo; otro  se hace cargo y frena todo. Son 875 niños engañados por un alcalde corrupto que todavía es protegido. No puedo entender cómo han jugado con los sentimientos de los niños”, insistió Ayaviri.    

Aseguró  que tiene pruebas   de que  el caso de las mochilas es sólo una de muchas irregularidades que se cometen en  la Alcaldía  de Llica. He acumulado -dijo- denuncias  de  pobladores sobre  vehículos ediles siniestrados, irregularidades en el centro de salud e  incluso  autos chutos.

“El fiscal que estaba a cargo ha paralizado todos los procesos en contra del alcalde Apala y en muchos de ellos, incluso habiendo prueba. Estoy pidiendo una copia legalizada de cada caso  para   denunciar  públicamente”, afirmó.

En 2016, la Alcaldía de Llica entregó las mochilas a los estudiantes pero, tras las denuncias,  cierta cantidad fue secuestrada con fines investigativos. Desde entonces, el incentivo  edil no volvió a ser entregado.  

Paralelamente a la comisión de Control Social que encabeza Ayaviri, hay otra  representante   nombrada por algunas autoridades originarias en defensa del Alcalde. En el caso también están involucrados  tres funcionarios ediles de la comisión calificadora de los proyectos. Página Siete intentó  contactarse con el burgomaestre imputado pero no obtuvo respuesta. 

 Querella tardía en Oruro

“En Oruro tenemos una denuncia por sobreprecio en las mochilas escolares contra el alcalde  Édgar Bazán. Cuando ocurrió lo de Leyes y vimos la celeridad con la que se actuaba, nos trasladamos a La Paz  para  denunciar el hecho ante los medios y el Viceministerio de Transparencia, y pedir que se actúe de la misma forma.

Después, recién los fiscales aceptaron la solicitud de imputación. Si no,  seguiríamos  esperando”, indicó la concejala  Denisse Villca.

En 2015 el Gobierno Autónomo Municipal de  Oruro  licitó la compra de 91.498 mochilas escolares para nivel inicial, primaria y secundaria por un monto total de  7.460.741 bolivianos. Una de las condiciones era que los bolsos debían ser hechos en el país, en la modalidad ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo).

Meses después de la adquisición y entrega del material, un ciudadano y ahora también querellante presentó ante el Concejo  un documento de importación de  40.200    mochilas de China por 1.407.000 bolivianos (35  por unidad). Por ese lote, que se entregó a escolares de primaria, la Alcaldía de Oruro pagó  3.214.400 bolivianos: 80 bolivianos  por  cada una.   

“Hay casi dos millones de bolivianos de sobreprecio en esas 40.000 mochilas”, dijo Villca. Las más de 50.000 restantes para inicial y secundaria fueron cotizadas a 60 y 90 bolivianos la unidad, respectivamente. Estas adquisiciones no se incluyen en la investigación.

Aunque el caso data de 2016, la querella fue interpuesta hace seis meses y desde entonces no hubo avances.   “Cuando los tres investigadores de la Policía encargados al caso emitieron su informe preliminar, verificamos que había una total parcialidad hacia el Alcalde que iba a frenar todo el proceso”, declaró Villca.

La irregularidad fue confirmada por el fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha. La autoridad consideró que dicho informe policial eximía de responsabilidad al burgomaestre y determinó que se vuelvan a   valorar las pruebas presentadas por los denunciantes. Además, dio curso a   la solicitud de alejamiento de los investigadores asignados al caso.

La semana pasada, cuando se oficializó la querella, el alcalde Bazán declaró a la prensa que demostrará que no tiene “absolutamente nada que ver” y añadió que él mismo solicitó  una auditoría sobre el tema. Añadió que por baja médica no podrá presentarse a la audiencia cautelar. 

Los querellantes   esperan la audiencia de objeción del 2 de mayo,  previa a la cautelar. Adelantaron que el certificado  presentado por el burgomaestre orureño  no corresponde pues para esas fechas ya habrá cesado su baja médica.

 “Negociado para los alcaldes”

Franklin Gutiérrez, presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, consideró que los incentivos escolares   se están convirtiendo en un negociado. Afirmó que su organización recibe denuncias de todo el país no sólo por las mochilas sino también por el desayuno escolar.

“Incomoda esta situación porque no se puede jugar con la educación de nuestros hijos. Tenemos muchas necesidades y desde un principio  pedimos que las alcaldías se ocupen de las infraestructuras  que son prioridad.

La situación de Cochabamba, Oruro y Llica nos indigna,  no puede ser que haya autoridades que se aprovechen con sobreprecios, cuando se podría hacer cosas que  sí requerimos”, aseveró.

Indicó que desde la instancia que representa pedirá una auditoría de  estos y otros casos. “El material, el desayuno, los textos se han convertido en un negociado para algunos alcaldes. Hay que fiscalizar”, recalcó Gutiérrez.///