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La Contraloría General del Estado remitió al Ministerio Público las denuncias correspondientes en contra de varios implicados en los procesos de compras irregulares de respiradores durante la pandemia por el coronavirus (Covid-19) y gases lacrimógenos y otros materiales no letales para la Policía Boliviana, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

"Se ha encontrado principalmente irregularidades en el proceso de contratación, hay incumplimiento de deberes, principalmente hemos visto los procesos de contratación que han sido procesos ilegales con muchos problemas, en base a eso se ha generado las responsabilidades necesarias y se ha emitido una denuncia con un informe de supervisión", informó el Contralor General del Estado, Henry Ara.

Dijo que la Contraloría revisó los procesos de contratación que se hizo durante el gobierno transitorio y se hallaron varias irregularidades que involucran a altas exautoridades y todas aquellas personas que han sido parte de estas compras.

Ara mencionó que se activaron las denuncias en la vía penal, porque se encontraron delitos que involucran a distintas personas.

"Hay muchos delitos como incumplimiento de deberes, incluso también hay parte privada, porque se ha visto que hay asociaciones delincuenciales en estos hechos. Lo mismo ha pasado en esto (de los respiradores) y en la compra de agentes químicos que se ha remitido ya una denuncia al Ministerio Público y se ha acompañado la denuncia tanto al Ministerio de Gobierno como al Ministerio de Defensa, para que ellos sean parte del proceso", acotó.

La autoridad no descartó que en el trascurso de la investigación y en coordinación con el Ministerio Público podría cuantificarse si es que también existe una responsabilidad civil en estos temas.

Según los antecedentes preliminares de estos casos, en el tema de la compra de los respiradores españoles y chinos, están involucrados los exministros de Salud, Marcelo Navajas y Eidy Roca, otras exautoridades, exfuncionarios y personas particulares.

Con relación al caso gases lacrimógenos, los principales implicados son los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López.