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El jurista Williams Bascopé identificó más de 20 artículos que van en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) en el proyecto de ley de Legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, en su análisis se concentró en desarrollar seis observaciones de la propuesta.

Al iniciar señala que sus proyectistas “no deben tener un mínimo de respeto a la Constitución y a la libertad de las personas”, considera que la redacción general y ambigua de ese proyecto de ley de manera intencional tiene como objetivo "presionar, chantajear y hasta extorsiona a cualquier ciudadano, incluido al militante masista”.

Precisa que nombrará solo unas cuántas observaciones, aunque el documento “tiene más de 20 artículos contrarios a la Constitución”.

Una primera observación establece que el proyecto de ley “sin necesidad de orden de un juez permite que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), a sólo denuncia de la Fiscalía o la Policía, levanta el secreto de todo profesional; nadie puede invocar secreto profesional, menos el secreto de fuente de los periodistas; incluido el secreto bancario se levanta; esto viola el Art. 106°, 21° de la Constitución”.

Una segunda reflexión dice que el proyecto cataloga como sujetos obligados a dar información no sólo a agentes o corredores de valores, sino a contadores y abogados; el secreto profesional no valdrá nada. Asimismo “toda persona natural o jurídica debe explicar su actividad y cómo obtuvo sus bienes”; Bascopé añade que la “burguesía aimara (comerciantes) tendrán que explicar de dónde provienen sus bienes, sus fiestas y prestes que ostentan”.

En tercer lugar, precisa que, a simple sospecha a título de investigación, la Fiscalía y la Policía podrán allanar cualquier bien inmueble y si ven por conveniente, podrán pedir a la UIF, a realizar la retención de fondos, embargo de bienes y la incautación “UIF hará de juez, ordenará y ejecutará todas estas medidas”.

Una cuarta observación es que no sólo la Fiscalía y la Policía podrán hacer la investigación, sino también el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, y podrán calificar qué bienes son sospechosos y pedir su retención, embargo o anotación preventiva a la UIF.

Una quinta precisión de Bascopé es que “Ningún funcionario de la UIF podrá ser denunciado o perseguido judicialmente, aunque este funcionario sea un corrupto chantajista o extorsionador (se les otorga inviolabilidad e inmunidad más que a un parlamentario)”.

En un sexto punto sostiene que “Este proyecto de Ley, no determina monto ni límites a nada de lo investigado, cualquier patrimonio o monto está sujeto a investigación”.

El jurista concluyó que “esta Ley es aberrante, coarta muchas libertades y es contraria a la Constitución, puede ser usado por funcionarios públicos corruptos para extorsionar o chantajear a cualquier ciudadano que no sea del agrado del gobierno o sea opositor político”.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, y en revisión debe ser aprobado en el Senado. Sin embargo, varios sectores han lanzado observaciones y han rechazado el proyecto porque no solo otorga muchas facultades a la UIF, sino que viola otras disposiciones legales y constitucionales.

Bascopé desafió a los parlamentarios del MAS e incluso al ministro de Justicia a debatir el proyecto artículo por artículo para demostrar que viola la Constitución Política del Estado.

“A título de lucha contra las ganancias ilícitas y el terrorismo, pretenden subyugar y chantajear a todos los ciudadanos, incluidos hasta sus militantes”, dijo a través de su cuenta de Facebook.