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El jefe de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, Rafael Loayza, advirtió que Bolivia tiene el índice más alto de comercio informal a nivel Latinoamericano, por lo que urgió al Gobierno soluciones para ese sector, antes que se registren “muertos por represión”, debido a las medidas implementadas y anuncios de estado de sitio por la cuarentena total para contrarrestar la propagación del coronavirus.

“Latinoamérica es una región que tiene más informalidad y Bolivia es la que más economía informal tiene, la mayoría son gremiales. Es el caso de El Alto y el Plan Tres Mil, un tercio no tiene servicios básicos, unos 4 millones de personas viven al día. ¿Qué hacemos con estas personas?”, indicó al programa Antes de Mediodía de Radio Fides, conducido por Jhon Arandia 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del 2012, seis de cada 10 bolivianos son informales; cuatro de estos seis viven al día, y son quienes se ven afectados con las medidas gubernamentales que pretenden frenar la propagación del coronavirus, que hasta el mediodía de este lunes 23 de marzo subió de dos a 27 infectados.

Para endurecer las medidas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, planteó que se dicte un estado de sitio a nivel nacional y advirtió que de no cumplirse la cuarentena total que rige hasta el 4 de abril, los infractores “no verán ni a sus muertos”.

Al respecto, el académico consideró que un estado de sitio, puede generar violencia, porque la población que vive en estas condiciones está preocupada por obtener el sustento diario.

“Tienes que dialogar con las organizaciones gremiales, tienes que entrenar a personas, porque el decreto dice que los mercados van a estar abiertos, donde hay aglomeraciones, se tendría que poner consultorios móviles, medidas de bioseguridad y de atención al cliente, podríamos lamentar más muertos por represión, que por coronavirus”, afirmó.

La norma gubernamental sanciona a quienes no cumplan con la cuarentena total con un arresto de ocho horas más la imposición de una multa pecuniaria de 500 bolivianos, sin perjuicio del inicio de la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público por la comisión de delitos contra la salud pública.///