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La casta política cierra filas con el TSE para blindar las elecciones del 17 de agosto... sin Evo Morales. En un contexto marcado por bloqueos, represión y amenazas de criminalización de la protesta social, la cuarta versión de la Cumbre interinstitucional y multipartidaria por la democracia se realizó este jueves en Santa Cruz, con un objetivo implícito: legitimar un proceso electoral excluyente.

La convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizada con apenas 48 horas de anticipación, fue descrita como un intento de dar apariencia de consenso. A pesar del carácter improvisado, reunió a candidatos presidenciales, representantes del Legislativo, el Ejecutivo, el Órgano Judicial, la Fiscalía y organismos internacionales. No obstante, la ausencia del bloque popular e indígena fue evidente y silenciada.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó la respuesta “increíblemente positiva” de los participantes, pero evitó toda autocrítica respecto a la exclusión de actores sociales fundamentales en la vida política del país. “Esto demuestra que hay voluntad nacional para garantizar que el pueblo boliviano vote”, afirmó, sin aludir al cerco institucional contra Evo Morales.

Entre los asistentes estuvo Eduardo Del Castillo, candidato del MAS y exministro de Gobierno, quien se alineó con el discurso de criminalización de las protestas. “Hay que sancionar a quienes estén cometiendo delitos”, declaró, sin reconocer las demandas sociales legítimas ni el uso excesivo de la fuerza en puntos de conflicto como Llallagua, donde se desplegó la FELCN en un contexto sin claridad legal.

Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, celebró que esta cumbre ahora cuente con parlamentarios oficialistas. “Antes no se podía avanzar”, dijo, evidenciando que la prioridad es blindar acuerdos cupulares, no necesariamente representar la voluntad popular.

Desde la alianza Libertad y Democracia, Jorge Tuto Quiroga desvió el foco hacia el impacto económico de los bloqueos, sin mencionar el trasfondo político que los genera: la proscripción sistemática del líder indígena más importante del país.

Eva Copa, actual alcaldesa de El Alto, repitió el libreto institucional. Aseguró que “nadie puede estar por encima de la ley”, refiriéndose indirectamente a Evo Morales, a quien ahora crítica pese a haber accedido al poder gracias a él y al Instrumento Político del Pueblo. Pidió “dar paso a nuevos actores”, pero evitó mencionar la connivencia del gobierno con una estrategia de exclusión política.

El economista Jaime Dunn reclamó por la falta de responsabilidad fiscal, pero evadió la discusión democrática de fondo: cómo se puede hablar de elecciones justas sin habilitar al candidato que lidera las encuestas.

Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, se rehusó a responder sobre la inhabilitación de Evo Morales, señalando que el tema será tratado en sala plena. No obstante, insistió en que “el 17 de agosto habrá elecciones”, sin importar cuán viciado esté el proceso por la exclusión de una opción política real.

El encuentro concluyó con la firma de un documento de 12 compromisos —entre ellos, el financiamiento del proceso electoral—, sellando así el acuerdo de una cúpula política que, con el aval del TSE y la pasividad internacional, pretende dejar fuera al pueblo movilizado.