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Hasta el momento se reportan 14 personas aprehendidas tras los operativos de desbloqueo de vías, enfrentamientos y la trágica muerte de policías en Llallagua, según informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. La intervención gubernamental ha sido cuestionada por su carácter represivo y la falta de diálogo con sectores movilizados afines al expresidente Evo Morales.

La autoridad detalló que entre los detenidos hay cuatro menores de edad, nueve varones y una mujer. Aguilera señaló además que algunos portaban sumas de dinero, entre Bs 7.000 y 27.000, sin presentar hasta ahora evidencia clara sobre la procedencia o el uso ilícito del mismo, lo que ha sido visto como una forma de estigmatización de los movilizados.

El viceministro anunció que se prepara un nuevo operativo para hoy. “El ministro de Gobierno y el comandante de la Policía van a encabezar una nueva operación para restablecer el orden en Llallagua”, afirmó, en lo que muchos consideran una escalada innecesaria del conflicto social.

Aguilera identificó a varios dirigentes como objetivos de persecución, entre ellos el exdiputado Valentín Ticona, Gualberto Ríos, Milán Mamani, Yarito Arisma, Oscar Policarpio y otros miembros del ayllu Chullpa, sectores históricamente vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) y defensores del liderazgo de Evo Morales.

El viceministro acusó a los bloqueadores de pertenecer a “grupos organizados” con armas de fuego y dinamitas, pero hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden tales afirmaciones. “Lo que ellos quieren es generar muerte y luto, la finalidad de estos grupos es el caos”, dijo, declaraciones que han sido interpretadas como un intento de justificar la militarización y criminalizar la protesta.

Aguilera añadió que las personas secuestradas y heridas han sido rescatadas y que el contingente policial está ahora bajo control del comandante de operaciones. Sin embargo, defensores de derechos humanos alertan sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de garantías para los detenidos.

Por su parte, el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, denunció que el Ministerio Público recibe amenazas constantes de sectores “evistas”, y advirtió sobre intentos de tomar instituciones en Llallagua. Aparicio confirmó que ya hay 15 personas aprehendidas en el marco de las investigaciones.

“Aún hay escasa presencia policial. Hemos estado bajo asedio permanente y con amenazas constantes, los fiscales incluso han tenido que resguardar su integridad, pero las investigaciones siguen adelante”, dijo Aparicio. No obstante, sectores sociales denuncian que el Ministerio Público actúa de manera parcial, alineado a los intereses del Ejecutivo y con un marcado sesgo contra el evismo.