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El juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, fue aprehendido tras ser acusado de presuntamente vulnerar la ley al suspender la credencial de Fanny Coaquira, magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La decisión judicial se dio en el marco de una acción de cumplimiento impulsada por el ciudadano Antonio de la Fuente Amelunge, quien denunció inconsistencias en la declaración de méritos de Coaquira durante su postulación.

Según la denuncia, la magistrada afirmó haber ejercido la docencia universitaria, pero la casa de estudios señalada negó esa información. El accionante sostiene que esa omisión fue fundamental en la percepción pública durante el proceso de selección, y que su reclamo no cuestiona el proceso electoral en su conjunto, sino a una postulación específica con elementos de duda razonable.

El juez Lea Plaza conoció el caso y, en consecuencia, determinó suspender temporalmente la credencial de Coaquira y convocar al suplente, una medida excepcional que generó inmediata reacción política e institucional.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, criticó la decisión por supuestamente vulnerar el principio de preclusión electoral, mientras que la aprehensión del juez se dio bajo los cargos de tráfico de influencias, consorcio entre servidores de justicia y falsificación de documentos oficiales.

Sin embargo, la controversia se intensificó con las declaraciones del presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien con un mensaje en sus redes sociales, generó inquietud en sectores jurídicos y ciudadanos: “¡Mano dura contra los golpistas a la institucionalidad!”. Sus palabras, de tono marcadamente autoritario, fueron consideradas como un intento de criminalizar una decisión judicial incómoda y ejercer presión política en un ámbito que debería ser independiente.

¡Mano dura contra los golpistas a la institucionalidad!
El Juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, ha sido aprehendido en una acción directa. Con una resolución prevaricadora pretendía destituir a la Magistrada electa democráticamente por La Paz. pic.twitter.com/U0QCHXQqeS— romer.saucedo.gomez@ (@RomerSaucedo) June 12, 2025

El accionante, De la Fuente, calificó el arresto del juez como un acto de prevaricato fiscal y cuestionó duramente la postura del presidente del TSJ: “¿A quién quiere intimidar?”, expresó, recordando además su rol como testigo en los procesos conocidos como Golpe I y Golpe II.

También reiteró que los juicios de responsabilidades en Bolivia suelen ser letra muerta y que la vía judicial ordinaria fue la única opción viable para exponer las irregularidades detectadas. “No se trata de ir contra la voluntad popular, sino de exigir transparencia y coherencia en la selección de autoridades judiciales”, añadió.

Organizaciones civiles y voces del ámbito jurídico advierten que este caso podría marcar un peligroso precedente de persecución contra jueces independientes, profundizando la crisis de confianza en la institucionalidad del sistema de justicia boliviano.