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El gobierno de la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, ordenó la compra de armamento para reprimir a la población con la pandemia del coronavirus ya declarada, mientras que los profesionales de la salud hoy imploran por elementos básicos para tratar a los pacientes.

Según el Decreto Supremo (DS) 4168 del 27 de febrero de este año, Áñez dio recursos a Policía y Fuerzas Armadas (FF.AA.) para compra de “balas, equipamiento, pertrechos militares y policiales”, cuando ya estaba la pandemia del coronavirus desatada en el mundo y era inminente su llegada a Bolivia, por lo que era urgente la necesidad de comprar medicamentos y equipos médicos. En detalle, el gobierno de facto dio a Policía 40 millones de bolivianos – equivalentes a más de 5 millones de dólares – para compra de “pertrechos”, mediante el decreto supremo 4168.

Días después del golpe del 10 de noviembre de 2019, la presidenta transitoria le otorgó 37,4 millones de bolivianos a las FF.AA., según el decreto supremo 4082 de 15 de noviembre de 2019. Y completó esta maniobra con la eliminación de la obligación que tienen FF.AA., Policía y Ministerio de Gobierno y de Defensa para transparentar compras, empresas y montos.

El Ministerio de Economía modificó el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), por el que “no solo mantiene la no obligatoriedad de registrar las compras de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, sino que incorpora el término de confidencialidad y reserva”, así estabelece la Resolución Ministerial N° 43 del 7 de febrero de 2020, firmada por el ministro de Economía, José Luis Parada, quien modifica el Sicoes.

La esperanza hoy en la recuperación de políticas públicas en salud están depositadas en el binomio candidato a la presidencia de Bolivia para las elecciones de 2020 por el MAS y favorito en todas las encuestas, Lucho Arce y David Choquehuanca, quienes en su programa de gobierno para el periodo 2020-2025, proponen, por ejemplo, “recuperar y fortalecer el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito a través de servicios de salud públicos y gratuitos para más de siete millones de personas que no cuentan con un seguro de salud, respetando su cosmovisión y prácticas tradicionales, sin exclusión ni discriminación alguna y en marco de la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural vigente (SAFCI)”.

Por otra parte, se propone “crear programas destinados a la educación en salud sexual y reproductiva, con la finalidad de reducir los embarazos adolescentes y los no deseados y consolidar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Reproductiva en base a una decisión informada” e “instaurar en el país el chequeo médico obligatorio en el mes del cumpleaños de cada uno de los bolivianos, como una medida preventiva para la detección temprana de enfermedades crónicas de alto costo, cuidando y salvando la vida de muchas personas”, entre otras medidas.

De enero de 2006 a noviembre de 2019, el MAS en el poder aumentó el presupuesto en salud del 4,9% al 6,4% del PIB, reduciendo con ello la mortalidad infantil de 46 cada 1.000 a 28 por cada 1000, que además en menores de 5 años bajó de 60,6% a 34,9%.///