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La Fiscalía Departamental de La Paz anunció este lunes que se abrió una investigación de oficio contra el director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael ‘Tata’ Quispe, por la presunta comisión de delitos contra la Salud Pública. En concreto, se indaga al político por haber participado en una masiva reunión en la comunidad de Marquirivi, en el municipio de Achocalla, lo que va en contra de la cuarentena y las medidas de prevención frente al coronavirus, dictados por el Gobierno central. 

“La Fiscalía ha iniciado de oficio un proceso de investigación en contra de esta autoridad por delitos Contra la Salud Pública establecido en el artículo 216 numeral 9 del Código Penal. Se va a realizar los primeros actos investigativos preliminares y se va a convocar al director del FDI para que preste su declaración informativa y asuma defensa con relación al hecho investigado”, dijo el Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, según un comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado. 

De acuerdo con la citación, a la que tuvo acceso Página Siete, Quispe deberá acudir a declarar a la Felcc el próximo 14 de abril a las 11.30. 

Este anuncio se produce días después de que circulara en redes sociales un vídeo en el que se ve a la autoridad de gobierno participando de una reunión, en un coliseo cerrado, con varios comunarios de Marquirivi. Quispe afirmó que acudió a ese encuentro para dar información y ayuda, y no para hacer política.

“Mis hermanos necesitan apoyo. Mis hermanos necesitan enterarse cómo uno puede evitar contagiarse. (…) Mis hermanos necesitan que se les hable en idioma nativo, en aymara y quechua”, aseguró la autoridad el domingo en la noche, a través de una transmición de Facebook Live. 

“Hemos regalado víveres a todos los hermanos que necesitan ayuda, hermanos que son de la tercera edad, hermanas que son madres solteras, les hemos regalado víveres y [les hemos ayudado] con todo lo que necesitan, pero nunca nos hemos sacado una foto, porque nosotros nunca vamos a hacer política con la ayuda a la gente”, sostuvo. 

Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitó la renuncia del director y resaltó que la autoridad cometió "un delito". "Puede que haya sido sin querer, en su afán por trabajar, pero él sabía claramente que no lo podía hacer, lo hizo y esto le va a acarrear problemas. Yo creo que lo mejor que puede hacer es dar un paso al costado", señaló Murillo, en una entrevista con Radio Panamericana.  

"Puede haber sido un error, pero los errores también se los tiene que pagar. Ya somos bastante grandecitos para decir 'no me dí cuenta'. Uno no puede ir rompiendo la normativa, cuando estamos poniendo en peligro la vida de personas. (...) Él no debió estar jamás ahí", agregó. 

El Decreto Supremo 4200, que tiene por objeto limitar el contagio de Covid-19 en el país, establece, entre sus medidas, la prohibición de la organización de reuniones sociales, políticas, mítines, manifestaciones, huelgas y bloqueos de calles, caminos urbanos, rurales y vecinales.