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La pericia internacional que determinó el cierre del caso fraude electoral se realizó en el marco de un ámbito determinado y en base a evidencias entregadas por la Fiscalía, que ordenó y pagó por dicho estudio.

Dicha investigación contiene 212 páginas y tres anexos. Fue realizada entre mayo y junio de esta gestión, pese a que fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anticipaba en octubre su realización.

En su página 10, referida al ámbito de alcance, explica que “todos los análisis han sido llevados a cabo con las evidencias cursantes en el cuaderno de investigación y que fueron proporcionados por el Ministerio Público de Bolivia”.

Agrega que “debido a la naturaleza del entorno, se trabaja con las evidencias proporcionadas verificando siempre la integridad de la muestra. Se considera que las evidencias son correctas y viables desde el punto en el que son entregadas a la Universidad de Salamanca”.

En su página 15 explica que el objetivo de la labor es “verificar la integridad de los sistemas informáticos y el procedimiento de acceso a los mismos del proceso electoral de 2019”.

El documento:

Recalca después que “se ha seguido una metodología formal recogiendo todos los puntos acordados con la Fiscalía General de Bolivia y se han respetado todos los aspectos concernientes a los procesos de pericia forense informática”.

Información de la Fiscalía General indica que para dicha pericia primero se intentó recurrir al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas (IITCUP) y al Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF), pero, al constatar que no contaban con la tecnología necesaria, se lanzó una convocatoria pública.

Hubo tres proponentes, una empresa con sede en La Paz, un perito en México y el grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que al final ganó el contrato de 216.193 bolivianos.

El trabajo, según consta en el documento, fue entregado al Ministerio Público el 28 de junio y recién fue hecho público ayer. Su principal conclusión es que existieron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.

El Deber