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La Fiscalía ampliará a la figura penal de genocidio la investigación por los hechos registrados en 2019 en Sacaba, según informó en la víspera la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales.

El proceso ahora se extiende contra el exjefe militar Alfredo Cuéllar Mercado y el excomandante de la Policía Rodolfo Antonio Montero Torrico, que serán convocados para prestar sus declaraciones.

“En el desarrollo de la investigación, se ha dado cuenta de elementos que nos hacen ver que en los enfrentamientos en los que han perdido la vida las 10 personas víctimas directas (de Huayllani) corresponden a un sector de la población específico donde estaba destinada la represión, por lo cual, en el análisis se ha llegado a concluir la posibilidad de la ampliación por genocidio”, explicó, según Los Tiempos.

Cuéllar asistió a la Fiscalía de Sacaba, pero se abstuvo de declarar, “toda vez que ya se tiene información de que él ya ha declarado oportunamente”, indicó su abogado, Edwin Paredes.

En noviembre de 2019, Cuéllar era comandante del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército y fue imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato. Un año después, el juez cautelar de Sacaba determinó detención domiciliaria.

Montero se ausentó debido a que brindó su declaración informativa en La Paz, dentro de otros procesos, abiertos de oficio por el arribo de equipo antidisturbios desde Ecuador durante los conflictos de 2019.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó como “masacre” la intervención policial y militar que se registró en Sacaba el 15 de noviembre de 2019.

“Hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, concluyó ese informe.