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El jefe de la bancada de Creemos, Erwin Bazán, afirmó este lunes, la sospechosa actitud del Gobierno en su negativa de hacer conocer el historial clínico de la exmandataria Jeanine Añez, tanto a sus familiares como a su defensa legal, ante la gravedad de su actual estado de salud y la persistente violación de sus derechos humanos.

”Tenemos la documentación de respaldo de que en tres ocasiones se pidió que se le pueda remitir a sus familiares y a su defensa su historia clínica para que pueda ser evaluada de manera particular y esto le es negado permanentemente. Esto es  una grave violación de su derecho al consentimiento informado, permanentemente la están vejando y esto  ha pasado a niveles de tortura”, declaró en rueda de prensas ofrecida en Santa Cruz. 

Bazán exhortó al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, a  cesar con la persecución política, que  respete los derechos humanos que ni en tiempo de guerra se han visto violentados, en total contraposición con lo que actualmente ocurre en el país.

El legislador, convocó la presencia de los organismos internacionales de derechos humanos para que realicen  un seguimiento riguroso al tratamiento que recibe la exmandataria y todos los presos políticos del gobierno de Arce. 
Asimismo, reiteró el derecho que le asiste a la exmandataria de asumir su defensa en libertad mediante la detención domiciliaria. 

Ante la gravedad de la situación, diputados de Creemos  remitieron a la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas petición de informe oral contra el viceministro de Régimen Interior  y Policía, Nelson Cox, para que responda por las irregularidades  identificadas en la situación de la exmandataria,  además  de otros aspectos inherentes a la administración penitenciaria. 
 
“Entre otras preguntas, le pedimos que describa detalladamente las circunstancia en que fue encontrada la expresidente (Jeanine Añez) al momento de intentar quitarse la vida, se precise el horario exacto, el horario en que se realizó el hallazgo y otros aspectos”, puntualizó.  

La petición de informe que contiene 19 preguntas, también pide explicaciones sobre el tratamiento clínico que recibe Añez por parte de los médicos de Régimen Penitenciario, así como la normativa que ampara las decisiones que hubieran tomado sobre la salud y la vida de la expresidenta sin el consentimiento de sus familiares en primer grado. 

Bazán recordó que el pasado 13 de agosto la autoridad jurisdiccional emitió una orden para que  Añez se realice una valoración cardiológica de manera particular; sin embargo, fue trasladada al Hospital del Tórax donde le realizaron una revisión que no cumplía sus necesidades de salud.  Otro acto que pone en entredicho la actuación del Gobierno, es el intempestivo traslado de la exmandataria al Hospital del Norte en la ciudad de El Alto a 4.000 msnm, siendo que el abrupto cambio de altura pone en serio riesgo su salud debido a la hipertensión que padece como enfermedad de base, dijo.