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El contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, afirmó este lunes que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado en noviembre de 2019, no responde a una auditoria porque no se realizó una revisión de las 35.000 actas; solo se hizo un “muestreo” de las elecciones generales de 2019.

“Este es un informe que no responde a una auditoría, ¿y por qué lo decimos?, porque claramente el Convenio establecía que la OEA debía pronunciarse sobre la verificación de actas. Por la lectura de todo el informe, no han verificado las actas (…) la OEA hace un muestreo, esto nunca va a llevar a establecer cuáles eran las actas realmente que pudieran ser fraudulentas”, expresó el contralor en contacto con La Razón radio.

La autoridad enfatizó que la Contraloría realizó este “pronunciamiento técnico” a petición de la Procuraduría y de la Asamblea Legislativa para evaluar si el documento presentado por la OEA correspondía a una auditoría, si se cumplió con los parámetros nacionales e internacionales y, por ende, con el acuerdo suscrito entre la Cancillería del Estado y el organismo internacional.

Tras el análisis y la evaluación del equipo técnico se llegó a la conclusión de que el documento presentado puede ser considerado como un informe, pero no como una auditoria porque carece de lo requerido por las normas nacionales e internacionales, además que no cumplió con su objetivo de examinar las actas de cómputo electoral y no se dan datos estadísticos.

“Nosotros podemos establecer que este documento proporcionado por la OEA se basa en conjeturas y no en calidad de prueba competente y suficiente, que es un elemento fundamental para la auditoria, podemos establecer que esto no es una auditoria y no cumple con lo solicitado en el convenio”, sostuvo la autoridad.

Ara rememoró que el Estado realizó convenio con la OEA ante la susceptibilidad de un posible fraude en las elecciones, por lo que el organismo internacional debía: revisar las 35.000 actas, evaluar las actas que fueron observadas como “fraudulentas”, determinar el porcentaje y estadísticas del proceso, con base en las normas de auditoria nacional e internacional. Mediante la evaluación de la Controlaría se evidenció el incumplimiento de la OEA en diferentes aspectos.

Asimismo, señaló que solo un informe de auditoría podría determinar si existió o no fraude, en qué porcentaje e identificar a los presuntos responsables.