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Entre 150 y 200 expedientes relacionados con procesos disciplinarios en contra de jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial desaparecieron en el Consejo de la Magistratura, según el resultado de una intervención notarial. Estos procesos estaban en manos de los exconsejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, que conformaban la Sala Disciplinaria y fueron cesados hace dos meses por incompatibilidad de funciones.

Según los datos, serían procesos disciplinarios por faltas cometidas contra jueces y funcionarios jurisdiccionales de todo el país que llegaron a etapa de apelación de última instancia a la Sala Disciplinaria.

Los expedientes datan de 2019 y debían haberse resuelto en plazos de cinco días y hasta en un mes, pero a la fecha se desconoce cuál es la situación de esos procesos contra funcionarios judiciales.

“Aproximadamente entre 150 y 200 expedientes no se encuentran físicamente, que habrían sido ingresados al Consejo de la Magistratura con recurso jerárquico, pero no han salido las resoluciones y se entiende que estaban a cargo de los exconsejeros y que se entiende, tienen que ser tramitados a partir de los consejeros que nos hacemos cargo”, sostuvo la consejera de la Magistratura, Mirtha Gaby Meneses a Correo del Sur.

Informó que existe constancia de que fueron remitidos de los diferentes distritos judiciales del país al Consejo de la Magistratura, pero no se sabe dónde están dichos expedientes y tampoco hay evidencia de la devolución con la resolución respectivas a los distritos respectivos.

Explicó que una vez cesados Gómez y Alcón, los nuevos consejeros Marvin Molina y su antecesora que ocuparon esta función por unas semanas, pidieron información sobre los expedientes en trámite, pero como no tenían respuesta, ordenaron una intervención con un Notario para verificar la existencia de los expedientes, aunque se encontraron con que no estaban físicamente a disposición. 

Agregó que, posteriormente, algún funcionario pretendió entregar a la oficina de apoyo a la Sala Disciplinaria algunos expedientes con firmas, pero se dispuso que se haga mediante registro para establecer posibles responsabilidades.

Meneses dijo que, en este caso, se habría incurrido en los delitos de incumplimiento de deberes porque existen plazos para resolver estas causas, pero se desconoce su paradero.