El MAS denuncia penalmente a Salvador Romero y tres vocales por habilitar a Manfred
El diputado dijo que entonces ya se había pedido explicaciones al TSE, pero las solicitudes eran rechazadas o no respondidas.
El diputado del MAS, Jhonny Pardo, informó este jueves que ha presentado denuncia penal en contra del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y otros tres vocales, por haber habilitado a Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cochabamba.
La denuncia es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Además de Romero, están denunciados los vocales Rosario Baptista, María Angélica Ruiz y Nancy Gutiérrez.
Los hechos denunciados se produjeron entre febrero y marzo de este año. El 26 de febrero, el TSE determinó inhabilitar a Manfred en base a una deuda ejecutoriada que tenía el exprefecto a consecuencia de un proceso judicial. Sin embargo, en marzo decidió habilitar a Reyes Villa, debido a que el candidato alegó que estaba pagando la deuda.
Según Pardo, los cuatro vocales que firmaron la resolución que habilitó a Manfred vulneraron las normas, porque antes habían inhabilitado al candidato en el marco de una revisión extraordinaria y -en su criterio- no se podía realizar otra revisión extraordinaria del mismo caso.
El diputado dijo que entonces ya se había pedido explicaciones al TSE, pero las solicitudes eran rechazadas o no respondidas.
Pardo señaló que Salvador Romero, quien ya renunció al TSE, no se encontraría en el país, por lo cual dejó en manos de la justicia que determine la forma en que procederá respecto al expresidente del Tribunal.
Actualmente el cargo de Manfred como Alcalde se encuentra en debate, puesto que la justicia rechazó un recurso de casación contra una sentencia en el caso El Sillar y emitió mandamiento de condena para que Reyes Villa sea enviado a la cárcel.
El MAS ya ha solicitado que se elija otro Alcalde al Concejo, pero se está esperando una audiencia de Amparo que se realizará en Sucre el 7 de octubre, para que se determine si se vulneró el debido proceso.
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