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Luego de que cuatro implicados en el caso “gases”, en el que el principal apuntado es Arturo Murillo, admitieron su culpa por conspiración, sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos, el Gobierno agiliza su extradición.

“Es un mecanismo de cooperación judicial, y los delitos en Bolivia, por los que es investigado, son diferentes. Así no habrá doble juzgamiento”, dijo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en La Razón radio.

El exministro de Gobierno es investigado por la transferencia bancaria, desde Bolivia, de 5.6 millones de dólares a dos bancos norteamericanos y el posterior retorno de ese dinero a cuentas en el país.