Video

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, calificó como “ley maldita” la 1386, norma que se refiere a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo que es rechazada por varios sectores y, en ese contexto, se sumó a los pedidos de abrogación de la norma.

“Esa ley es una ley maldita que solo beneficia al Gobierno, pero no beneficia al pueblo. Esta ley ya podía consultar a la población, podría traer a todos los dirigentes, conversar, analizar, pero nada; esa ley solo se ha analizado entre el Gobierno /y es) por eso el rechazo y nosotros también vamos a querer la anulación de la ley”, sentenció la autoridad durante los actos protocolares por el 20 de octubre, fecha de la fundación de La Paz.

El sector gremial, además de los transportistas y cívicos, alistan medidas de presión para este jueves si el Gobierno no abroga la Ley 1386 y sus anexos.

“Nosotros queremos la anulación de esa ley porque perjudica a todos los hermanos y hermanas que trabajamos día a día”, remarcó Quispe.

Este miércoles se cumplen el plazo de 72 horas que lanzaron los gremiales y transportistas para abrogar la cuestionada norma.

Sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que conforman el Pacto de Unidad se declararon en estado de emergencia ante lo que consideran "intentos de desestabilización".