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“La persona o personas que promovieron este decreto tienen que ser investigadas, porque se promovió y se aprobó un decreto totalmente inconstitucional”, sostuvo Tórrez.

Una de esas  autoridades   procesadas debe ser Arce, insistió el legislador. “Lo único que hizo es premiar a aquellas personas que en momentos muy difíciles de la democracia realizaron actos violatorios a los derechos humanos”,  aseguró.

La norma anulada  referida a la amnistía beneficiaba específicamente a todas las personas que hubieran sido procesadas en el gobierno de Jeanine Añez. El decreto fue abrogado esta semana, después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo  recomendara en su informe sobre los hechos sucedidos a fines de 2019.

Además del  GIEI, organizaciones internacionales como  Human Rights Watch  observaron el decreto porque -indicó- no garantizaba una administración de justicia para las víctimas de los hechos que sucedieron durante la crisis política.

El legislador Tórrez sostuvo  que las autoridades ya sea del gobierno de Añez o de Evo Morales deben ser investigadas, independientemente de su color político.